¿A quién beneficia la violencia?
A tan solo 3 semanas de las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto, el Ecuador atraviesa la más reciente ola de violencia -dentro y fuera de las cárceles del país. Múltiples balaceras en Guayaquil- incluyendo el Malecón 2000 y Flor de Bastión-, además del incendio simbólico de la ciudad de Esmeraldas y la enésima masacre carcelaria en la Penitenciaría del Litoral, reflejan una conmoción interna con tintes políticos en el Ecuador. No resulta coincidencia alguna que la violencia desatada por el crimen organizado se desarrolle en un contexto pre electoral, mucho menos cuando la ultra derecha plantea la militarización absoluta de la sociedad al estilo Bukele.
La situación agravada de inseguridad y la escenificación del terror, logran una vez más colocar bajo el tapete de la opinión pública a las condiciones materiales de vida cada vez más precarias en el país. Si bien la violencia generalizada ejercida por el crimen organizado y el delito común, imprimen su buena cuota de precarización de la vida para la clase trabajadora; la mediatización de este ejercicio de violencia, versus el virtual ocultamiento mediático de la violencia ejercita por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en contra del pueblo, enciende alarmas respecto a la puesta en escena de lo que serán los próximos años de la vida colectiva en el Ecuador.
La espuria promesa de un retorno a la pasada ilusión de seguridad, promovida por sectores que buscan establecer una guerra interna en contra de la clase trabajadora organizada, se encuentra direccionada hacia el objetivo de la criminalización de la protesta y la militancia. Frente a la amenaza minera transnacional, además de la apertura agresiva del comercio y el mercado laboral, se perfilan discursos que pretenden comparar y asimilar el crimen organizado con el pueblo organizado, para permitir un exterminio sistemático a nombre del capital. La apertura de mercados y la lógica capitalista de dominación económica, política y territorial, conlleva inevitablemente la aplicación de violencia por actores tanto estatales como paraestatales, que permiten justamente que estos mercados se sostengan y expandan.
Resulta agravante al extremo la profunda crisis carcelaria en el país; la más reciente masacre se lleva al menos 31 vidas, mismas que -una vez más- estaban bajo responsabilidad del Estado, así como las más de 600 vidas que las anteriores masacres carcelarias han ejecutado desde el 2021. Esta situación ha logrado posicionarse en la opinión pública, y ciertamente es una de las causales directas del desgaste acelerado del gobierno del banquero presidente. Inclusive la presión de la prensa internacional ha jugado un papel relevante. En la misma retórica se incluyen los numerosos atentados civiles que se han dado en los últimos días, siendo el más relevante el que cobró la vida del alcalde reelecto de Manta, Agustín Intriago y la deportista Ariana Chancay. Relevante porque es el cuarto servidor público en funciones en ser asesinado y el primer burgomaestre de una ciudad tan grande y económicamente importante como Manta. También se dispararon municiones contra la casa de la gobernadora de Los Ríos, además de que Anderson Boscán del medio La Posta, tuviese que abandonar el país por el constante acoso del crimen organizado -en el poder-.
Sin embargo pareciera que la espectacularización de este ejercicio del crimen organizado, no llega a describir con exactitud y franqueza los alcances del Narcoestado en todo su esplendor. En estas mismas semanas el Estado -en alianza discreta con el crimen organizado- ha arremetido con extrema violencia en contra de comunas, pueblos y nacionalidades que resisten en sus territorios y con sus vidas a la imposición del extractivismo minero y petrolero. Las Naves en la provincia de Bolivar, se encuentra viviendo el momento más álgido de enfrentamiento con fuerzas represivas que actúan como guardia privada de petroleras y mineras. La misma situación en Sigchos, Palo Quemado, y así también en Shushufundi, El Pachijal, Buenos Aires, en el Napa, Intag, el mimso Yasuní y tantos territorios en resistencia. Las fuerzas represivas del Estado y bandas criminales, funcionan juntas y en coordinación, como ejércitos particulares de los intereses económicos, no del Estado, sino de la empresa privada de capital transnacional y corporativo al que tiene concesionado territorio nacional.
No cabe duda de que frente a una pérdida aparente de la hegemonía burguesa dentro de su propio Estado, la estrategia para retomar nuevamente el poder político -con la debida legitimidad que este ejercicio amerita- se impone por medio de la violencia generalizada, encaminada a generar un escenario de terror en la población. Continuando con la clásica divisa de la división para la dominación, la escenificación y espectacularización mediática del horror de la violencia, representa un instrumento central en la narrativa de la lógica secutirista y militarista del proyecto político burgués. Cuando no existe un proyecto de país ni de Estado -en términos mínimos del capitalismo liberal- las élites imponen su dominación por medio de la violencia explícita, ejecutada por sus aliados eternos y estratégicos.
La situación de violencia en el país es alarmante, y supera con creces lo que los medios de comunicación hegemónicos plasman en la opinión pública. Los alcances del Narcoestado llegan a lo más profundo de la vida del pueblo y la clase trabajadora, ejerciendo violencia directa en territorios, para garantizar la acumulación de capital privado. La burguesía en el poder utiliza el servicio de la fuerza pública para garantizar que los intereses del imperialismo financiero se ejecuten. Es evidente la continua fascistización del Estado y sus fuerzas represivas en cuanto radicalizan su discurso de persecución y desmantelamiento de la organización popular, y ha sido la que ha logrado hacer frente a intensas arremetidas neoliberales, como en Octubre 2019 y Junio 2022.
En este sentido, cabe cuestionar los fines específicos que persigue esta violencia política, volviendo a la propia lógica del Narcoestado: en el caso de que una campaña de terror se imponga en complicidad con la clase política -tanto local y estatal, como imperialista-, todo indica que tanto las masacres carcelarias, como los actos de terror en las calles, son crímenes del Estado. Frente a los embates de la burguesía, la única respuesta es y siempre será la organización popular.
Fotografía: Radio MICC
