Gatillo fácil y limpieza social
Frente a los anuncios oficialistas de militarización y gatillo fácil, la lucha de clases en el Ecuador adquiere dimensiones y dinámicas sin precedentes. Ante un panorama económico y social desolador, y la narrativa de no futuro impuesta por el gobierno burgués de Guillermo Lasso, el capitalismo muestra su cara más violenta. En un futuro próximo, la Policía Nacional y las FF.AA. tendrán un cheque en blanco, una licencia para matar, que les facultará a tomar la justicia en mano propia y sistematizar las ejecuciones extrajudiciales, una herramienta más del Estado burgués para criminalizar e incluso eliminar al pueblo. En los próximos meses y años, la burguesía ecuatoriana, en cooperación con el imperialismo, desatará una limpieza social a gran escala contra de las clases populares.
En las declaraciones presidenciales del pasado 23 de enero, Lasso enfatizaba que el plan nacional de pacificación y militarización, emprendido por la burguesía, se ejecutará con la cooperación imperialista de EE.UU., Reino Unido, Israel y Colombia. Cuatro de las potencias que conforman la excelencia global en contrainsurgencia y guerras internas contra sus propios pueblos, serán corresponsables de la violencia del capitalismo contra el pueblo en el Ecuador. “Con el apoyo de la fuerza del Estado, y países amigos que nos están cooperando, […] y el apoyo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas de bien, recuperaremos el país de paz en el que todos merecemos vivir”. La pacificación se convierte en prioridad de la burguesía en el poder.
En la actualidad, se confabulan las condiciones que se dieron en Colombia a finales de los años 90as, cuando ejércitos extranjeros entrenaban a la policía militar, al ESMAD y los grupos irregulares de choque, conformados por agentes del orden. Al mismo tiempo se facultaron funciones que conllevaron a la limpieza social de los falsos positivos, crímenes de Estado de los cuales se conoce un total de 6.402. El Plan Colombia se inició en medio de una ola de inseguridad autoinducida e intencional por parte de la burguesía local. Recordemos que en más de una ocasión, Lasso ha planteado su intención de crear un Plan Ecuador.
Una vez más, la militarización se presenta como la aparente solución a un problema estructural característico de la democracia burguesa: pacificar a las masas desposeídas, precarizadas y mutiladas por el capitalismo, para profundizar las lógicas de dominación del libre mercado por sobre las vidas del pueblo y la clase trabajadora. El manual mediático de la manufactura de consenso vuelve a implementarse al pie de la letra: las élites facilitan la explosión y el descontrol de una problemática -de la cual son directamente responsables -, para que la maquinaria mediática hegemónica la posicione como amenaza prioritaria en contra de la ciudadanía. Una vez posicionada la amenaza y cuando el pueblo la percibe como tal, las élites imponen una supuesta “solución”, con la legitimación popular necesaria para desembocar en una limpieza social en nombre de la seguridad ciudadana.
La creciente ola de inseguridad, así como las sucesivas respuestas con uso desproporcionado de la fuerza desde la policía, evidencian la agudización de la lucha de clases. Las raíces estructurales de la inseguridad están estrechamente relacionadas a las políticas neoliberales ejecutadas por los gobierno de Moreno y Lasso, y representan la materialización en la vida social de las políticas de austeridad, los recortes a educación y salud, los despidos masivos en el sector público y privado, la flexibilización laboral de la Ley de Apoyo Humanitario, la intensificación de las privatizaciones, y la criminalización de la pobreza –con la persecución al trabajo informal-. Todas estas políticas –dictadas desde los organismos crediticios internacionales- precarizan de manera acelerada al pueblo y la clase trabajadora, llevando a un importante segmento de la población a situaciones extremas, donde la alta presión de sostener la vida, deja apertura a pocas posibilidades. Frente a esta situación, la respuesta del Estado es la represión: la criminalización de la pobreza y la protesta social, y permisividad para excesos policiales y militares en contra del pueblo empobrecido.
En el neoliberalismo, se evidencia el papel de la Policía Nacional y las FF.AA. como instrumentos de clase. Los aparatos represivos del Estado se utilizan como ejecutores de los intereses económicos y políticos de la clase burguesa, estableciendo el orden, control y sometimiento del pueblo y la clase trabajadora. Al contrario del relato oficial que intenta socializar a estos aparatos como guardianes de los intereses de la ciudadanía –discurso aupado por los poderes mediáticos-, la policía y el ejército resguardan, desde el monopolio del uso legítimo de la fuerza, solamente los intereses de la clase burguesa. Si bien es cierto que esta siempre es la función primordial de los aparatos represivos del Estado, también es notable la agudización de la necropolítica durante la restauración neoliberal: una ley de gatillo fácil legitima el poder matar a discreción de cada elemento de la fuerza pública. “Dentro de los principales objetivos de este proyecto de ley, está autorizar el uso progresivo de la fuerza respaldando a los policías y a los militares. Reformar la ley de seguridad pública y del Estado para mejorar la cooperación entre la policía y el ejército para no necesitar estados de excepción, sino en tiempo regular”.
El uso de la fuerza letal por parte de los instrumentos de clase del Estado, se volverá cotidiano frente a hurtos, robos, persecuciones, movilizaciones, protestas y demás situaciones en las cuales la policía y las fuerzas militares consideren justo el imponer la muerte. Al mismo tiempo, agentes de fuerzas represivas que se imputen por ejecuciones extrajudiciales y otros abusos, recibirán el apoyo y patrocinio legal del Estado. Con las reformas anunciadas por la burguesía, las fuerzas represivas se convierten en juez y verdugo, al recibir funciones de juzgar y ejecutar la sentencia de manera simultánea.
Así mismo, la legitimización y normalización de la militarización del espacio público y el uso desproporcionado de la fuerza, genera una serie de divisiones internas dentro del pueblo y la clase trabajadora, como otro mecanismo para mermar la potencia de la organización popular. La creciente fascistización social se va abriendo paso, de arriba hacia abajo en todo el cuerpo social, la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación va, poco a poco, dando resultados visibles, generando un enfrentamiento intenso de pueblo contra pueblo. La deshumanización de “delincuentes” habilita al Estado a ejecutar una serie de abusos que destruyen el tejido social y desmoralizan al conjunto del pueblo. La ley de gatillo fácil que el gobierno de la banca intenta imponer en este contexto, no solo faculta el poder matar, sino que desmoviliza la organización popular y dificulta la cohesión ideológica que teje la consciencia de clase. Sin duda, la doctrina del shock se está ejecutando de forma precisa por el gobierno de Guillermo Lasso, y cumple con los objetivos primordiales de la burguesía en el centro del poder político: precarización y desmovilización para cimentar un nuevo ciclo de reacumulación primitiva.
Las lógicas esquizoides de la burguesía, entre la coalición misógina por la “defensa de la vida”, y el enaltecimiento a un policía asesino, destilan aporofobia, odio y miedo al pueblo y la clase trabajadora. En ocho meses de gobierno de la banca, el Estado ecuatoriano se convierte en un Estado policial extremadamente punitivista, abriendo las puertas hacia la militarización permanente y total de la sociedad. La violencia del capitalismo, impuesta por la burguesía y ejecutada por las fuerzas represivas, constituye el golpe antipopular más contundente en décadas. Frente a la extremación de las políticas de exterminio del Estado burgués, organización popular anticapitalista.
