“Nuevo” Ecuador: cuando la tiranía se vuelve ley
El Estado nunca ha dejado de ser colonial, simplemente la colonialidad va cambiando de forma. Siempre los pueblos del sur hemos subsidiado con nuestra sangre, la buena vida de los nortes. En nuestro territorio, el poder de occidente se expresa en forma de imperialismo extractivo, territorios como Las Naves, Palo Quemado, Las Pampas, el Napo, la Cordillera del Cóndor se vuelven espacios estratégicos de extracción de trabajo extrahumano (recursos), que tienen como razón de ser, no solo el enriquecimiento de burguesías nacionales y transnacionales como en el caso del Grupo Nobis, con capitales en Silvercorp Metals, que opera a través de Curimining con el proyecto el Domo en Las Naves; sino que a través de nuestros territorios se reafirma la política y moral del proyecto civilizatorio del capitalismo colonial.
El Estado ecuatoriano a manos de la oligarquía, una vez más es conducido hacia el servilismo más perverso, convirtiéndose en un apéndice funcional a la explotación minera a través de una serie de normativas realmente alarmantes. Las nuevas leyes y el decreto 60 por un lado 1. Facilitan permisos ambientales, subsidios y reducciones tributarias a grupos económicos poderosos y a multinacionales; 2. Se encargan de criminalizar a las organizaciones populares y comunitarias que se articulen para ejercer su derecho constitucional a la consulta previa libre e informada, al trabajo, a la resistencia y en última instancia, el derecho a la vida, y 3. De blindar legal y discursivamente el abuso de la fuerza por parte de los aparatos represivos del Estado.
Literalmente se extrema la premisa del sistema en el que (sobre)vivimos: siempre el capital sobre la vida. En este sentido, son las multinacionales mineras las que están dictando la legislación nacional: la capacidad financiera –el poder- de estas grandes corporaciones es bastante más grande que todo el presupuesto general del Estado ecuatoriano. La corrupción del poder del capital privado es la única explicación plausible para comprender como en tiempo record se ha logrado trasformar al Estado en un ente reducido a sus funciones elementales para ejercer violencia represiva y garantizar el flujo de plusvalía para alimentar los grandes capitales multinacionales y a sus contrapartes nacionales. Todas las leyes aprobadas como económicas urgentes apuntan a garantizar las funciones antes mencionadas: la Ley de Solidaridad Nacional, de Inteligencia, de Integridad Pública y de Áreas protegidas.
Ahora el gobierno amenaza a la organización popular y comunitaria de defensores de territorio con una nueva ley presentada como económica urgente. La Ley Orgánica para el control de flujos irregulares de capitales pretende generar un marco legal que intenta la prohibición de la cooperación y sostén de organizaciones populares, al tiempo de controlar todas las formas de organización de la sociedad civil. José De la Gasca, ex Ministro de Gobierno planteó que esta ley pretende “frenar” a las organizaciones que se oponen al extractivismo, donde el Frente Nacional Antiminero queda en la mira del gobierno y a la merced del Estado.
El Narcoestado corporativo, comandado por su ficha política predilecta para imponer a sangre y fuego su proyecto de despojo y acumulación, ha llegado a fabricar lo que en términos históricos se conoce como una nueva superestructura: una serie de leyes que entretejen y cimientan su proyecto político-empresarial. Una verdadera autocracia. Así la ultra derecha -al igual que sus pares históricos en Alemania, Italia y España- logra enquistarse en las instituciones democrático-liberales, para menoscabarlas desde adentro, fungiendo como un verdadero cáncer dentro del Estado.
Es tal la influencia de los capitales mineros en el Estado, que según el FNA, de cada 10 hectáreas 1.5 están concesionadas a multinacionales mineras. Esto es igual al 15% de la tierra cultivable del país, es decir 1.8 millones de hectáreas concesionadas para la explotación metálica. Además de los daños irreversibles que la explotación minera impone sobre los ecosistemas, el imperialismo extractivo atenta contra nuestra soberanía nacional y atenta contra las formas productivas y económicas que no solo sostienen poblaciones campesinas y de pueblos y nacionalidades, sino que sostienen la soberanía alimentaria y algunos rubros de exportación como la cacaotera y la azucarera. Esta forma de Estado atenta directamente contra toda posibilidad material de sostener la vida para los pueblos, nacionalidades y campesinos trabajadores. Hay una cantidad importante de personas que está en peligro de ser sometidas a desplazamientos forzados. Una vez más acumulación por desposesión. La colonia continúa.
Este proyecto antipopular impuesto por Noboa, como representante de varios sectores económicos: minero, agroexportador, inmobiliario y las economías criminales que le orbitan, implica una forma de Estado específico, que refuerza y blinde a las FFAA y a la PPNN; y así como con una política de privatizaciones y concesiones acelerada. Las empresas públicas son llevadas a la quiebra por una verdadera obsolescencia programada, mientras se aplaude la medida del manual neoliberal de la austeridad y reducción del Estado -dictadas directamente por el FMI-, se recortan derechos y se reprime y criminaliza intensivamente.
Para el pueblo, el 2025 volverá a ser el año más violento de la historia, con una proyección de más de 10.000 muertes violentas, mientras la clase explotadora logra mantener su hegemonía en términos subjetivos. No resulta ser coincidencia alguna que la comunicación y propaganda se haya constituido en el fuerte del gobierno de Daniel Noboa, invirtiendo más de USD 15 millones en publicidad solo en su escueto primer mandato.
La oligarquía que se enquistó en el centro del poder político-económico del Ecuador, se encuentra alineando todas las condiciones para un escenario de explotación absoluta, tanto de la fuerza de trabajo como de los recursos minerales como trabajo extrahumano. El verdadero proyecto del “Nuevo Ecuador”, al estilo de Diego Noboa, presidente-terratiente en 1850 y tatarabuelo de Daniel Noboa, se está cumpliendo: una sola mega hacienda narco-banano-minera, destinada a servir los intereses de una lumpen burguesía lacaya del imperialismo Occidental. Se refuerza la necesidad de generar organización popular en la capacidad de defender a los defensores del territorio, es urgente la construcción de un bloque histórico.
