Sergio Moro y la influencia de EE.UU. en la política brasileña

El presente artículo tematiza la injerencia imperialista yanqui en el escenario político brasilero de los últimos años. Para ello, nos acercamos a dos conceptos políticos que se consideran perjudiciales. El primero se refiere a la “teoría del punto medio”, la que aplicada en América Latina pretende “equilibrar a ambas partes en conflicto” en la Palestina ocupada. Esto resulta en una falacia conceptual, asumiendo que en una lucha anticolonial invasores e invadidos estuvieran en igualdad de fuerzas e igual poder de justificación.

El segundo, aún más aterrador, es el alineamiento con el expansionismo sionista proveniente de EE.UU. Popularizado en el discurso de la “guerra cultural” a través de la difusión de la propaganda para fomentar la ignorancia, uniendo a los manipuladores de la economía capitalista con sectores que profesan una suerte de cruzadas modernas. En 2018 en Brasil, con el viento a favor por el apogeo de la Operación Lava Jato, el golpe de Estado apodado impeachment y la amenaza real de un golpe militar contra la Corte Suprema, fueron los factores que aseguraron la victoria del energúmeno rodeado de esbirros y míseros especuladores: Jair Bolsonaro.

Entre los detractores actuales de Bolsonaro, una parte de la extrema derecha rompe con el desgobierno, proponiendo un nuevo ciclo de administraciones nefastas, en el que el personaje central sería un ex juez con aires de justiciero. Sergio Fernando Moro, ex magistrado del 13º Juzgado Penal Federal de Brasil, dejó la toga y la cátedra de derecho para asumir el cargo de Ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Una vez que este se desvincula del presidente protofascista, otro grupo sectario de la extrema derecha intenta ganar vuelo en solitario.

Moro, la ficha yanqui

El 30 de noviembre de 2020, Sergio Moro entró a trabajar como consultor en Alvarez & Marsal, empresa encargada de la representación legal de empresas como Odebrecht y el grupo OAS. El modelo de puerta giratoria fue para Moro una invitación al permanente conflicto de intereses que resultó representar su vinculación con la nómina al servicio de la “consultora” radicada en Estados Unidos. Revisemos algunos de los nombres que conformaron el equipo de trabajo del exjuez justiciero: “Moro se especializa en liderar investigaciones anticorrupción complejas y de alto perfil, delitos de cuello blanco, lavado de dinero y crimen organizado, además de asesorar a clientes sobre estrategias y cumplimiento regulatorio proactivo. Su contratación refuerza el equipo de A&M de exfuncionarios gubernamentales, incluidos Steve Spiegelhalter (exfiscal del Departamento de Justicia de los EE. UU.), Bill Waldie (agente especial retirado del FBI), Anita Alvarez (exfiscal del estado de Cook), funcionaria de la Agencia de Seguridad Nacional), Paul Sharma (exdirector adjunto de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido) y Suzanne Maughan (exdirectora de investigación de la División de Cumplimiento y Autoridad de Conducta Financiera Criminal e investigadora asignada a la Oficina de Fraude)”.

Como se mencionó anteriormente, con la nómina en A&M Moro incurrió en un claro conflicto de intereses, algo que fue advertido por el Tribunal de Cuentas Federal (TCU), cuando dejó la empresa para incorporarse a Podemos, para postularse así a la presidencia del país cuya economía ayudó a colapsar. Únicamente en el sector de la construcción de infraestructura y los sectores petrolero y gasífero, se supone que Sergio Moro, Deltan Dallagnol -en su momento fiscal principal anticorrupción del Ministerio de Justicia e incursionando en la política electoral, siguiendo la misma trayectoria- y sus acólitos destruyeron 4,4 millones de empleos directos, por medio del congelamiento de contratos con las empresas investigadas. El 31 de octubre de 2021, once meses después de haber sido contratado por la consultora transnacional, Moro deja su cargo -siendo descendido antes en su rango de socio a consultor-, encontrándose ahora en la posición de revelar secretos de la consultora.

Después de su renuncia, el ministro Bruno Dantas determinó que “Alvarez & Marsal deberá aportar toda la documentación relativa a la terminación del vínculo de prestación de servicios con el ex juez Sergio Moro, incluyendo fechas de transacciones y montos involucrados”. Todo este escenario parece ser demasiado “coincidencial”, al igual que el calendario de fechas y citas. Algo similar había ocurrido en la revelación de las conversaciones filtradas en el caso Vaza Jato, mismas que confirmaron la materialidad de Moro en la Operación Spoofing, medida de persecución a personas responsables de las filtraciones.

Adicionalmente, el exfiscal y colega laboral de Moro, Deltan Dallagnol, tendría una relación directa con el agente estadounidense Leslie Rodrigues Backschies, quien operaba en Brasil desde 2012, y tuvo su período más activo durante el apogeo de la Operación Lava Jato, entre 2014 y las elecciones generales de 2018. El trabajo que realizó Rodrigues Backschies en aquellos años fue extremadamente dudoso, pasando a formar parte “en octubre de 2015, de la comitiva de 18 agentes estadounidenses que fueron a Curitiba a reunirse con los fiscales y abogados de los denunciantes sin pasar por el Ministerio de Justicia, organismo que debe, de acuerdo con la ley, intermediar todos los procesos de asistencia judicial con y a los Estados Unidos”.

La revelación del conjunto de relaciones de subordinación del grupo de trabajo del caso Lava Jato -especialmente en Curitiba- representó una victoria importante para la sociedad civil y los medios de Brasil, develando el carácter de discreción en las relaciones con la justicia estadounidense y el FBI. Al igual que el marco de control de algoritmos de la NSA en el capitalismo de salón, la aplicación de la la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero -FCPA, por sus siglas en inglés- llega a ser un negocio extremadamente lucrativo. Por medio de este mecanismo, el imperio estadounidense puede amenazar a empresas con sanciones y advertencias de no confianza a través de la Agencia del Tesoro de Brasil, FinCen. Al mismo tiempo, este mecanismo afecta los contratos de reorganización empresarial y administración de instituciones investigadas o bajo la intervención de la justicia, como las respectivas a la construcción de infraestructura en el país. Así, el premiado modelo de negocio de denunciantes contó con un precedente en el país desde 2016.

El lucro imperialista

El periodista Luis Nassif -además del propio autor- alertó en el pasado sobre el modelo de lucro imperialista: “En casi todos los países, el mecanismo es el mismo. En un principio, se establece una incesante campaña de fiscales que se activan en contra de empresas sospechosas, infundiendo temor a los empresarios directa o indirectamente amenazados por investigaciones penales. Después, la campaña pasa a la implementación de sistemas de cumplimiento en las mismas empresas por parte de grandes bufetes de abogados, abriendo un mercado laboral en potencia para estos mismos fiscales. Todo este mecanismo desemboca de la actuación de la cooperación internacional, con fiscales financiados por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de los EE. UU., el cual otorga a estos fiscales nacionales un poder exorbitante para destruir los sistemas políticos y otras entidades contaminadas por el financiamiento irregular de campañas”.

Lo que podría ocurrir con una victoria hipotética de Sergio Moro en la carrera presidencial de 2022 es simplemente la hipoteca total de cualquier soberanía proveniente del aparato del Estado brasileño, especialmente en esta alianza conjunta entre el brazo represor y las instituciones punitivas judiciales. La economía brasileña experimentaría una amenaza constante de perjudicar los intereses de potenciales aliados de EE.UU., en cualquier nivel competitivo del sistema internacional. Las relaciones horizontales establecidas por Moro, Dallagnol y compañía con agentes estadounidenses que operan en Brasil, son de total complicidad y complementariedad.

En su momento, la operación Lava Jato y el golpe de Estado que le sucedió en 2016 tuvieron lugar durante la segunda administración de Obama, mientras las amenazas actuales contra la soberanía en 2022 se darían durante el segundo año de la administración de Joe Biden. Por su parte, Trump siempre apoyó a Bolsonaro y el lobbyismo proimperialista siempre ha apoyado a Sergio Moro. Difícilmente las instituciones estatales del país podrán hacerles frente a estas amenazas en todos los niveles. Así como un presidente negacionista en medio de una pandemia decanta en desesperación, uno entreguista al imperio yanqui con aires de justiciero termina siendo igual de peligroso.