La República Bananera: hija del Gobierno de la Banca
Con el triunfo electoral de Daniel Noboa, el Ecuador inicia una tercera ola de profundización neoliberal. Uno de los mayores banqueros le transfiere el poder político al mayor empresario bananero. La nefasta herencia del Gobierno de la Banca, refleja la realidad de uno de los países más violentos y desiguales del continente. Mientras inicia un segundo éxodo masivo hacia los Nortes, el Estado se desmantela y se subasta al por mayor, entre una clase que promete la imposición absoluta de la explotación capitalista. Antes de partir, Lasso y cía. desfalcaron una parte de las reservas financieras del Estado, además de asegurarles jugosos regalos a banqueros e industriales. Ahora el gobierno de Noboa tiene el mandato expreso de terminar lo que comenzó el banquero Lasso, al precio que sea necesario.
Se estima que alrededor de 120.000 ecuatorianxs han sido retenidxs en la frontera sur de EE.UU. este año, convirtiéndolo en un récord migratorio; además de posicionar a la migración ecuatoriana como una de las principales en la ruta hacia Estados Unidos. En la migración irregular -tanto como con las rutas del narcotráfico-, se estima que se retiene alrededor de un 10-15% de personas o mercancía del total en circulación. Siguiendo estos estimados, significaría que alrededor de 800.000 ecuatorianxs han migrado a EE.UU. entre septiembre de 2022 y 2023, cifra récord que comenzando en 2019, superaría con creces la ola migratoria de 1999-2000. El Ecuador se ha convertido en un territorio que exporta atún y banano en cifras récord, además de personas y sustancias ilícitas. A su vez -según datos del Banco Central- el Ecuador recibió en tan solo cuatro meses USD 1.353 millones en remesas. El pueblo migrante vuelve a sostener a millones de familias, además de inyectar liquidez a la economía, mientras la burguesía destaca por su característico parasitismo.
Por su parte, el flamante presidente alardea en redes por la tan anhelada eliminación de la tabla de consumo de drogas -otra de sus promesas de campaña- sentando las bases para una amplia persecución a consumidores y una aún mayor sobrepoblación de las cárceles. Mientras las tablas de consumo representan un recurso legal mínimo en la mayoría de países -siendo una herramienta desarrollada por las Naciones Unidas-, en Ecuador se reabre una mayor criminalización a consumidores, mientras se garantiza impunidad a grandes narcotraficantes y beneficiarios -la propia oligarquía-. La guerra contra las drogas -empresa fallida del imperialismo estadounidense- se evidencia como un negocio redondo: sostener la careta de la persecución y penalización, mientras se garantizan las rutas de suministro a EE.UU. y Europa.
La relación directa entre la gran empresa y la exportación de sustancias ilícitas es más que evidente: no es coincidencia alguna que la mayor parte de los alcaloides incautados se encuentre siempre en cargamentos de banano -la exportación de cocaína desde puertos ecuatorianos ha incrementado exponencialmente junto con la exportación de este producto- volviendo al Ecuador el primer exportador a nivel mundial de ambas mercancías. En términos geopolíticos, se evidencia un mayor servilismo frente a la política de Estado de EE.UU. en la región, al mismo tiempo que Noboa pretenderá imponer -de una vez por todas- el modelo de maquila en el Ecuador, con auspicio de Washington. Al mismo tiempo, la represión se llevará a cabo en una relación tripartita entre Ecuador, EE.UU. y el Estado de Israel. Gracias a la aprobación de un acuerdo de cooperación unilateral por parte del Congreso yanqui, Ecuador podrá recibir financiamiento para contratos militares con terceros.
El reluciente primer mandatario de la ahora República Bananera hizo un importante anuncio por medio de su presidenta de bancada en la Asamblea Nacional: la imposición de un nuevo estado de excepción en los primeros días de su gestión. Una de las características del saliente Gobierno de la Banca, fue precisamente el abuso de esta figura excepcional, durante cual aprovechó para proponer leyes en la modalidad de económicas urgentes, y para generar decretos que ponen el peligro el respeto a los DD.HH. como el decreto 730, que dispuso a las FF.AA. a ejecutar operativos de control interno a nivel nacional. Daniel Noboa utilizará los estados de excepción de la misma manera: para consolidar las modificaciones radicales en el funcionamiento del Estado respecto al uso de las fuerzas represivas en el país. Un ejemplo de esta modificación es la militarización del territorio nacional como herramienta de control social.
El estado de excepción se utiliza políticamente como mecanismo de concentración de poder en un contexto de crisis generalizada: crisis económica, crisis migratoria, crisis carcelaria, crisis en el sector salud, crisis política y lo más importante, una crisis en la hegemonía de la ideología liberal. La institucionalidad del Narcoestado en el país, significa la agudización de la violencia estatal y paraestatal en contra de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo implica también una crisis en el predominio del sentido democrático burgués. Esta crisis se presenta entre las personas como una polarización de las percepciones y posturas políticas, bien hacia una izquierda progresivamente más radicalizada, como hacia la ultraderecha libertaria; evidenciando así el carácter clasista en los conflictos que aquejan a la sociedad capitalista.
Por otra parte, el estado de excepción acredita al Ejecutivo la presentación de leyes urgentes, de las que ya se adelantó se tratarán al menos dos: una tributaria y otra energética. En este sentido, los estados de excepción intentan regular el derecho por la fuerza, modificando así las formas y relaciones sociales. Bajo la misma lógica de autoritarismo legislativo, la ejecución del derecho se vuelve mucho más arbitrario desde el Estado; ejemplo de esto es la eliminación de la tabla de consumo, noticia emitida por medio de un video en redes sociales, con una evidente intención de amedrentamiento en contra de consumidores, microtraficantes y organizaciones populares.
El último acto de arbitrariedad legal ejecutada por Guillermo Lasso se materializó por medio del Ministerio de Trabajo, con 7 acuerdos ministeriales a pocos días del cambio de gobierno. Entre las intenciones se encuetran la flexibilización de jornada laboral, extendiéndola hasta por 12 horas diarias, la eliminación del pago de horas extra, el contrato ocasional hasta por 3 años, entre otras. La alarma que generaron estos acuerdos se extinguió cuando la nueva Ministra del Trabajo, Ivonne Núñez anunció que no se publicarían en registro oficial, dejándolos sin efecto. Sin embargo, la reforma laboral es una de las promesas de campaña de Noboa, misma que también consta como una de las condiciones del FMI por la deuda contratada. Esta reforma será uno de los puntos más álgidos del gobierno bananero, quien podría intentar pasarla vía consulta popular o como propuesta de ley.
No cabe duda de que el flamante gobierno de Noboa representa una reconstitución del bloque de poder burgués a un nivel político-empresarial. Por primera vez desde la incursión del progresismo en el Ecuador, se evidencia la alianza interburguesa que integra a todos los campos político-electorales, por más que estos se autodenominen de derecha o “izquierda”, con la alianza entre PSC, ADN, Construye y RC5. En este sentido, la gran lección tanto de Junio 2022 como del fracasado gobierno de Lasso para la clase capitalista, consiste en cerrar filas para volver a construir un solo bloque hegemónico. Esta alianza de gobernabilidad promete implementar el mandato del FMI como fin último de su existencia: flexibilización laboral, eliminación de subsidios a combustibles, privatización del sistema de pensiones y reforma tributaria a favor de industriales. Ante la recomposición de la burguesía, organización popular.
“Instrúyanse, porque necesitamos toda nuestra inteligencia.
Conmuévanse, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo.
Organícense, porque necesitamos de toda nuestra fuerza”.
Antonio Gramsci
