Las FF.AA. son un instrumento para la guerra, no para control interno
El pasado 7 de diciembre, el presidente Guillermo Lasso entregó formalmente el proyecto de reforma constitucional que permitiría la movilización e intervención directa de las Fuerzas Armadas en asuntos de orden interno, sin la necesidad de estados de excepción. Así, bajo la careta del combate al crimen organizado -aliado de clase de la burguesía-, esta última pretende conferirle el tiro de gracia al pueblo organizado, permitiendo la instauración de un régimen que impone el autoritarismo de Estado como política pública de control social por medio del ejército. La lógica antipopular del capitalismo neoliberal, se sostiene únicamente por la imposición de la violencia más directa: el uso de instrumentos de guerra en contra de la protesta social.
Guillermo Lasso y sus acólitos se esmeran por proyectar la imagen de que el oficialismo se encuentra combatiendo al crimen organizado y la inseguridad, amparados por el imperialismo yanqui, que sostiene una máquina de poder putrefacta y servil, únicamente a la burguesía local y transnacional. Las economías ilícitas se perfilan desde el colaboracionismo con los grupos de poder burgués, una relación simbiótica, una situación de ganancia mutua. Por tal razón, resulta evidente la falsedad de los argumentos espurios de la clase burguesa, al pretender contraponer de forma directa a un ejército -armado y entrenado con sofisticación-, al pueblo civil organizado.
En medio del proceso de militarización del Ecuador, Lasso refleja una ignorancia tan profunda y característica de las élites empresariales a las reglas de juego de la democracia burguesa, que en un inicio planteó la aprobación de esta medida como pregunta para la consulta popular de febrero de 2023. Una vez negada la pregunta, la Corte Constitucional puso a su conocimiento la necesidad de una aprobación previa de la Asamblea Nacional, para posibilitar un referéndum de reforma constitucional. El cinismo del Ejecutivo, que como mantra fundamental profesa la privatización y minimización del Estado, se refleja en declaraciones que insinúan que la militarización construye “un Estado fuerte, que atienda todas las necesidades de los ciudadanos”. No cabe duda que por la militarización, lxs fundamentalistas de mercado se convierten en férreos defensores del Estado.
En término históricos, en la totalidad de las ocasiones en las que se ha utilizado a las fuerzas militares por el Estado burgués para el control de la protesta social, desemboca en una violación más rampante y explosiva a los DD.HH. Lxs más de 30.000 desaparecidxs por la dictadura argentina, el genocidio político-militar al pueblo palestino o la imposición fascista de Pinochet por medio de sus fuerzas militares, representan tan solo tres de los innumerables momentos históricos en los cuales las FF.AA. sirvieron de fuerzas de exterminio al pueblo organizado.
El paro de junio de 2022 fue un ensayo social de militarización del territorio a mediana escala. El uso irresponsable y abusivo de los decretos de estado de excepción por parte de Guillermo Lasso, y la movilización ilegítima y extralimitada de tropas de las FF.AA. para el control de la protesta social, demuestran las presunciones autoritarias del ejecutivo. Durante el Paro Nacional de junio de 2022, desde presidencia se intentó imposibilitar el derecho a la protesta social y el registro de los abusos por medio de estados de excepción que incurrían en irregularidades como la limitación al uso de telefonía y redes sociales, así como se explicitó la amenaza de uso de la fuerza letal para reprimir a manifestantes. El liberalismo es su expresión más radical, tiende a pisotear uno de sus propios principios: el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
En el contexto del Paro Nacional de junio 2022, los decretos ejecutivos fueron utilizados de forma maniquea, y tuvieron la función de evitar diversos controles del Estado. En ese momento, el ejecutivo jugó la carta de “grave conmoción interna”, para justificar detenciones arbitrarias y excesivo uso de la fuerza por parte de la policía y el ejército, al tiempo que derogaba a las pocas horas de emitidos los decretos, dejando en una situación de inoperatividad a órganos de control, como la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Así fue señalado y denunciado in situ durante el desarrollo de los hechos por parte del periodismo militante, alternativo, popular y comunitarios durante junio de 2022, y ha sido ratificado formalmente en el informe sobre la situación de DD.HH. durante el primer año de gobierno de Guillermo Lasso, publicado el 9 de diciembre pasado por la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador.
En materia de derecho constitucional, se consideran a los derechos a la protesta y la libre organización como derechos superiores y prioritarios, ya que el resto de derechos políticos y sociales decantan de estos primeros dos. La insistencia en posicionar como política prioritaria de Estado a la criminalización y persecución a la organización popular y protesta social -con el discurso del enemigo interno-, demuestra el autoritarismo antidemocrático del gobierno de Lasso. El gobierno de la banca profundiza el neoliberalismo, imprimiendo la doctrina del shock de la forma as violenta posible: expandiendo los alcances y limitaciones de los aparatos represivos del Estado, y facilitando la consolidación del crimen organizado en territorio nacional.
La Policía Nacional y las FF.AA. permeadas por el narcotráfico, la aprobación de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza o Gatillo Fácil, y el intento de incluir la pregunta sobre la utilización del ejército para el control interno, confiere a las fuerzas represivas una legitimidad moral y legal para ejecutar violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, entre las que se incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y extorciones. Si en las condiciones actuales, donde es inconstitucional el uso de las FF.AA. para control interno, los límites de distorsionan y extralimitan, de aprobarse en el legislativo el paso a un referéndum y su posible materialización, pondría en riesgo aún más grave al pueblo y la clase trabajadora. La militarización interna del territorio se consumaría como un atropello a la Constitución y a absolutamente todos los protocolos internacionales de DD.HH. suscritos por el Estado ecuatoriano.
Esta medida, aunque ilegal y anticonstitucional, se materializó como una violación franca, abierta y reiterada a la ley en el Paro Nacional de junio de 2022, sirviendo de laboratorio para la radicalización de futuros crímenes de Estado en el marco de movilizaciones. En este sentido, permitir una reforma parcial a la Constitución, al facultar a las FF.AA. a intervenir en condiciones tan abstractas como lo son la seguridad y orden interno, expandiría sustancialmente los alcances de los abusos que ya se cometen en contra de la clase trabajadora. La organización popular no solo es un derecho conquistado a sangre y fuego por la clase trabajadora mundial, sino el único horizonte. Por la organización popular anticapitalista.
