Dictadura de clase y golpe blando
El claroscuro político electoral tras la primera vuelta del pasado 7 de febrero, se reafirma. El fin de semana, y de forma simultánea a la proclamación de los resultados de primera vuelta por parte del CNE, el poder judicial ejercía una injerencia política en el proceso electoral, la cual sobrepasa sus atribuciones y competencias dentro del marco legal, constitucional y democrático burgués. A pedido explícito de Yaku Pérez, tanto la Fiscalía General del Estado como la Contraloría General del Estado anunciaban la auditoría al sistema informático del CNE. Las fichas sobre el tablero electoral parecen realinearse en torno a la estrategia de desestabilización, desarrollada e impuesta con éxito por Pérez, en conjunto con las élites políticas afines al gobierno de Lenín Moreno y el imperialismo yanqui.
El Departamento de Estado de EE.UU. apuesta por ambos candidatos de derecha, con la esperanza de acorralar al progresismo por todos los frentes posibles. Los intereses de EE.UU., intrínsecamente atados al control geopolítico de la región, y a la insostenible deuda externa acumulada por cuatro años de neoliberalismo, apuntan tanto a Pérez como a Lasso, y propician la actual puesta en escena de pacto. Es indudable que el imperialismo no es un mero remanente de la Guerra Fría perteneciente al pasado, como ciertos sectores “posideológicos” pretenden declarar. Nos encontramos frente a un escenario político de extrema complejidad y una dinámica que demuestra la fragilidad de la democracia burguesa.
La complicidad de las instituciones estatales refleja una alianza implícita con el proyecto político de Pérez, apoyando la estrategia de fraude, obviando exceder sus propias competencias. Una de las grandes lecciones de esta última jornada electoral es que la democracia burguesa evidencia la lucha de clases: el Estado burgués es el instrumento de las élites económicas y políticas, en confluencia permanente con el imperialismo. En la democracia burguesa, la dictadura de clase se ejecuta por la imposición de los intereses de la propia burguesía, la misma que sostiene y perpetúa el “estatus quo”.
La estrategia de desprestigio, acusación y deslegitimización del poder electoral dentro de la democracia burguesa, es producto de una desinstitucionalización crónica y estructural como política del gobierno de Moreno. Esta desinstitucionalización representa, en última instancia, el mantra neoliberal por excelencia: reducir el Estado hasta volverlo inservible, creando un Estado fallido, y permitiendo la cooptación total de sus instituciones. Este termina siendo uno de los grandes triunfos de las élites dentro de la democracia burguesa: instrumentalizar y destruir su propio sistema político institucional.
La desinstitucionalización del Estado, como estrategia política, ha llegado a su cúspide. A pesar de que la fiscalía ha reiterado que el proceso de investigación no interferiría con el proceso electoral, la estabilidad y legitimidad de los comicios, ya se encuentra comprometido. Este es uno de los golpes más contundentes que la agenda neoliberal descarga en contra del pueblo, a través de un pacto político-institucional injerencista.
El tramado del pacto político institucional se dibuja por sí solo. Las primeras declaraciones de Yaku Pérez, iniciaron el posicionamiento discursivo de un posible fraude, con el objetivo de calentar las calles y presionar a la institución electoral. Paralelamente, el Gobierno Nacional colocó a dedo los consejeros del mismo CNE -en un pacto entre Trujillo, CREO, el PSC y Pachakutik- aupando la duda legítima acerca de la capacidad del CNE, para garantizar elecciones transparentes. El golpe de Estado en Bolivia es un claro ejemplo de un pacto entre las élites económicas, el imperialismo y sectores reaccionarios del Movimiento Indígena, resultando en una perpetuación del modelo neoliberal.
El jueves 11 de febrero, Pérez se reunió con el Contralor General, Pablo Celi, para presentar una solicitud de auditoría técnica forense para las actas electorales con irregularidades, y al sistema informático del CNE. En absoluto conocimiento de sus competencias, Celi negó la petición a Pérez, pero señaló que consideraría las observaciones emitidas. Ese mismo día, el candidato por Pachakutik colocó una denuncia en Fiscalía, así como un pedido de medidas cautelares en la Corte Constitucional, pedido que es negado el mismo día por esta institución.
El pacto político-institucional, se ejecuta cuando la Contraloría General del Estado, y la Fiscalía General del Estado, emitieron resoluciones para desarrollar la auditoría solicitada por Pérez, contraviniendo al artículo 16 del Código de la Democracia. Frente a una estrategia de injerencia política, en lo que parece ser un auto atentado a la democracia burguesa por sus propios artífices y defensores, se evidencia la hipocresía moral de lxs supuestxs demócratas locales. Sin embargo, ante la evidente inconstitucionalidad de la actuación de la fiscalía y la contraloría, las mismas voces callan frente a injerencia política por parte del poder judicial.
El pacto entre la burguesía, las instituciones del gobierno de Moreno y Pérez, maquinaron una estrategia discursiva al denunciar la posibilidad de un fraude, perpetrado por la “alianza satánica” entre Correa, Lasso y Nebot, Así mismo, Pérez denunciaba que cuenta con “información de que habría hermanos venezolanos infiltrados” en las movilizaciones del Movimiento Indígena. Preludio a que un escenario de contraloría de octubre de 2019 se repita, esta vez con el CNE. Creando las condiciones ideales para que se materialice un posible golpe blando en el Ecuador.
En definitiva, la injerencia política en prejuicio al proceso electoral, evidencia un pacto entre el Departamento de Estado de EE.UU., el gobierno de Moreno y la rancia clase política, demostrando una vez más, que la democracia burguesa, se ejecuta como una dictadura de clase. Siendo una ficción que estos sectores no están dispuestos a honrar cuando no conviene a sus intereses económicos y geopolíticos. El futuro del país se encuentra frente a un claroscuro, mientras la pugna por el poder del Estado burgués continúa, y los antagonismos de clase se agudizan.
