La coalición mafiosa en el poder en el Perú. Crisis político social y la lucha por una salida popular

Un régimen en crisis

El Perú atraviesa una de sus peores crisis políticas y sociales en décadas. La presidenta Dina Boluarte, en alianza con la mayoría ultraderechista y mafiosa del Congreso, ha consolidado un régimen autoritario que gobierna mediante la represión, la criminalización de la protesta y la imposición de políticas neoliberales. Esta coalición ha profundizado la inestabilidad, generando un descontento masivo que exige una salida democrática y popular. Por eso es que la presidenta exhibe solo un 2 por ciento de aceptación en las encuestas nacionales, e incluso llega a 0 por ciento en las regiones del norte del país.

Boluarte, quien llegó al poder tras la caída de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, ha abandonado cualquier pretensión de gobernar para las mayorías. Su gobierno, sostenido por fuerzas conservadoras y empresariales, ha priorizado los intereses de las élites económicas, recortando derechos laborales, flexibilizando regulaciones ambientales y permitiendo normas que vulneran los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

El Congreso dominado por las mafias

La mayoría derechista en el Congreso, liderada por organizaciones como el parido fujimorista Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el progreso y Podemos Perú han sido clave en blindar a Boluarte. Juntos han aprobado leyes que debilitan la democracia, como reformas que limitan el derecho a la protesta y aumentan la impunidad de las fuerzas represivas. El Legislativo se ha convertido en un instrumento de las agendas de diversos grupos de presión y de intereses empresariales y particulares. No solo legislan a favor de los intereses de los propios congresistas, a sabiendas que tienen una alta reprobación popular, si no que llevan agendas de sectores como la minería ilegal e informal. El sector más lumpen de la burguesía nacional entra en escena y ejerce creciente presión de sus intereses.

La respuesta del régimen ante el descontento ha sido la violencia. Desde 2022, el régimen mafioso asesinó a 50 compatriotas que salieron a marchar, sobre todo en las regiones del sur andino como Apurímac, Cusco y Puno, mientras otros cientos de manifestantes han sido heridos, detenidos o judicializados. El uso de las fuerzas armadas para reprimir protestas recuerda los peores años del fujimorismo, mostrando el carácter antipopular de este gobierno.

Crisis económica: el modelo neoliberal que hace aguas

Mientras la pobreza y la desigualdad aumentan, el gobierno insiste en políticas de austeridad. Los precios de alimentos y combustibles siguen al alza, mientras los salarios se estancan. La derecha utiliza la crisis para presionar por la privatización de los pocos sectores públicos que quedan, como la empresa Petroperú, mientras se ahonda la precariedad de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y el pueblo.

La economía peruana sigue profundizando su matriz primario exportadora, donde sectores como la minería y los hidrocarburos tiene preponderancia. Asimismo, son otros pilares de la economía la agroexportación, los maderables y oros, que no generan cadenas de valor agregado si no que mantiene los pilares del modelo. Por otro lado, aumenta el sector servicios, pero sobre todo aumenta la informalidad laboral, pues más de 85 % de peruanos trabaja en condiciones informales, tanto por la falta de derechos como por laborar como los mal llamados emprendedores, comerciantes ambulantes o cuentapropistas.

Violencia criminal e inseguridad

La crisis de violencia criminal e inseguridad ciudadana en Perú es resultado de una combinación de factores estructurales, institucionales y sociales que han permitido la expansión de la criminalidad y la percepción de desprotección entre la población.

Entre las principales causas identificadas:

• Crecimiento del crimen organizado y el sicariato: bandas criminales, muchas de ellas transnacionales, han ampliado su presencia en el país, dedicándose principalmente a la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas. Estas organizaciones actúan con alto grado de impunidad y violencia, afectando a comerciantes, transportistas, empresarios y ciudadanos comunes. Asimismo, las economías criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y otros ilícitos se expanden con la complicidad de las autoridades nacionales y locales.
• Corrupción en las instituciones de seguridad y justicia: la percepción ciudadana y los análisis especializados coinciden en que la corrupción dentro de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial es uno de los principales factores que favorecen la expansión del delito. La impunidad y la falta de sanción real alientan a las organizaciones criminales.
• Deficiencia y falta de liderazgo en la respuesta estatal: el gobierno y el Congreso son señalados como responsables por la ciudadanía debido a la falta de políticas efectivas, leyes adecuadas y liderazgo claro para enfrentar la crisis. Las medidas tomadas, como los estados de emergencia y el patrullaje militar, no han logrado contener la violencia.
• Desigualdad, informalidad y pobreza: en distritos con altos niveles de informalidad y pobreza, la criminalidad encuentra terreno fértil para reclutar miembros y expandirse, como ocurre en zonas de Lima y otras regiones.

La izquierda parlamentaria claudicante

Algunos sectores de la izquierda parlamentaria han caído en la pasividad o el colaboracionismo, mientras otros mantienen una oposición tibia. Sin embargo, organizaciones como Perú Libre, la llamada bancada magisterial que se formó en apoyo al expresidente Pedro Castillo, legislan en alianza y juegan en pared con las mafias y la ultraderecha. No están en primera fila del combate por los intereses populares, si no que juegan en las mismas reglas que la derecha, para favorecer intereses estrechos y las agendas de las economías ilegales. La bancada de Juntos por el Perú esta desarticulada, salvo por algunas voces aisladas como las de las congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán, o eventualmente del congresista Guillermo Bermejo, no existe más vocería de izquierda que de un combate abierto al régimen de la coalición mafiosa en el parlamento.

Un movimiento popular disperso y las tareas de la Izquierda popular

Las organizaciones sociales, sindicatos, rondas campesinas y frentes urbanos podrían ser una parte de un frente nacional de verdadera resistencia. Las diversas movilizaciones en el país y los paros regionales demuestran que el pueblo no se resigna. Existen algunos esfuerzos como la Asamblea nacional de los pueblos o la Coordinadora Nacional de Luchas (CNL), que agrupa a sindicatos y movimientos regionales, pero estos esfuerzos aún no tienen la capacidad de articular un movimiento de carácter nacional.

Algunos ejes de la acción de lucha y oposición al régimen mafioso deben ser:

• La izquierda popular debe superar su fragmentación y construir un frente único de lucha. Esto implica: 1. denunciar el carácter mafioso de la coalición del gobierno de Dina Boluarte con las bancadas de ultraderecha del Congreso; articular un programa de emergencia que de un frente político social muy amplio; 3. fortalecer la organización popular y su coordinación nacional mediante asambleas y comités de lucha.
• El movimiento popular debe impulsar acciones de más alcance como jornadas nacionales. La agenda está marcada por la necesidad de Asamblea Constituyente y aprovechar el escenario de las elecciones generales del 2026 para construir un bloque progresista para alcanzar un gobierno democrático, de regeneración moral y de amplia base. Asimismo, la CGTP y otros sindicatos deben romper con el burocratismo y convocar a la acción social y política permanente. Sin la clase trabajadora organizada, no será posible avanzar.
• Medios de Comunicación y lucha de ideas: la prensa hegemónica construye el relato de que no se debe cambiar nada, y hay que resignarse al régimen mafioso, y justifica la represión. La izquierda debe fortalecer sus medios alternativos y redes sociales para romper el cerco mediático, construyendo sentidos comunes alternativos.
• La salida constituyente: mientras algunos sectores más moderados y hacia el centro, plantean solo una salida electoral, desde la izquierda popular debemos insistir en que solo la movilización permanente y la construcción de poder popular pueden garantizar un cambio real. Una Asamblea Constituyente libre y soberana es un paso, pero debe apuntar a discutir un nuevo pacto social y un nuevo diseño de Estado, basado en la democracia social, la plurinacionalidad y el buen vivir.

La salida a la crisis no se resolverá en las elecciones generales, ni vendrá de acuerdos entre elites. La historia del Perú y del mundo muestra que las conquistas y los derechos solo ser logran con grandes movilizaciones ciudadanas y la lucha en las calles. La tarea está clara.

Fotografía: Walter Hupiu