La normalidad a la que no queremos volver

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Jueves 24 de Octubre de 2019

Después del comienzo de la primavera chilena en medio de las evasiones masivas del pasaje del tren subterráneo de Santiago -o Metro- que encendió la llama a un sistema jurídico-institucional instaurado por Pinochet, obsoleto desde su imposición, las autoridades políticas han llamado diariamente al restablecimiento del orden público. Dentro de esas exclamaciones se ha reiterado momento a momento un concepto que es relevante discutir: el llamado a volver a la normalidad.

Ahora, ¿qué entendemos por normalidad? Obviamente dentro de las ciencias sociales podemos encontrar un sinfín de definiciones en una disputa del concepto que no es pasiva. Pero para nuestros efectos desarrollaremos de forma muy concisa una idea de normalidad en relación dialéctica con la hegemonía gramsciana. Así a priori: “hegemonía es la capacidad de unificar y mantener unido a través de la ideología un bloque social que no es homogéneo; al contrario, tiene profundas contradicciones de clase. La idea, es impedir que estas contradicciones estallen, produciendo una crisis en la ideología dominante y su consecuente rechazo.”[1] En sintonía con aquella definición, la idea de normalidad germinada en las conciencias de las personas, es la consideración conforme que estas mismas tienen sobre los elementos que configuran las condiciones de su existencia, tanto material como inmaterial. Esta última se establece casi como un fenómeno natural. De allí que podamos también correlacionar hegemonía, normalidad y naturalidad social.

Como vimos más arriba y conectándonos con la situación actual que se vive en Chile, la normalidad anterior a las manifestaciones fue hegemónicamente implantada en la dictadura cívico-militar liderada por Pinochet y la derecha chilena. Fue así como en los años 80 se construyó la estructura jurídico-institucional que ha regido los destinos de millones de chilenos por 40 años, donde se reconceptualizó la función del Estado como agente subsidiario, dejando la mayoría de los elementos que construyen el bienestar de la población bajo las lógicas del mercado. En la misma línea se privatizaron los servicios básicos, se otorgó constitucionalmente el uso y goce de las aguas y de las minas preferentemente al sector privado, se limitó la intervención del Estado en la economía y se estableció un catálogo de derechos donde el derecho de propiedad y sus garantías jurídicas se instauraron como el símbolo de este proceso.

Dentro de esta situación, se configuró una sociedad en la cual se justificó ideológicamente la implantación del neoliberalismo instaurado a partir de 1976, para posteriormente ser legitimado en los gobiernos de transición a la democracia entre 1990 y 2019, estableciéndose como un modelo exitoso, independientemente de sus oscuros orígenes. En absoluta concordancia con lo anterior, el sistema jurídico-institucional siempre fue defendido a rajatabla, pues aún existe la noción decimonónica de que las instituciones chilenas son las más sólidas de Latinoamérica, jactándonos de aquello ante los demás países de la región, ocultando de antemano que tal estabilidad se sostiene por la represión y por la baja participación electoral, donde según datos del Servicio Nacional Electoral, en las últimas elecciones presidenciales y del Congreso de Chile, el 53% de la población no participó[2] en los comicios. De esta forma, los pilares de la normalidad chilena generaron los mayores índices de desigualdad en relación al acceso a servicios sociales, como la educación, la salud y las pensiones, y por supuesto en las remuneraciones en un “contexto donde el 10% de la población gana más de 7,8 veces que el 90% restante.”[3]

La normalidad a la que quieren los gobernantes y los partidos políticos que volvamos es a una normalidad violenta, que tiene relación con los privilegios de unos pocos que ahora el pueblo de Chile intenta derribar. Lo que claman las actuales movilizaciones es que no queremos volver a una normalidad donde somos diariamente saqueados de nuestros recursos naturales por las transnacionales, donde el agua se ha vuelto un privilegio, donde miles de personas mueren año a año en largas listas de espera que el sistema de salud no es capaz de resolver debido a su debilidad estructural, donde es normal que los parlamentarios chilenos ganen 30 sueldos mínimos mensuales. Y así en más, podríamos seguir mencionando una larga lista de normalidades que de un día para otro ya no estamos dispuestos a seguir concibiendo como tales, pues lo que ahora se clama es el derribo de las estructuras dictatoriales en función de construir una sociedad realmente democrática y con mayor equidad social.

 

Referencias bibliográficas:

[1] Álbarez Gómez, N. “El concepto de Hegemonía en Gramsci: Una propuesta para el análisis y la acción política.”

[2] Fuente: Servicio Nacional Electoral: Estadísticas de participación a nivel nacional Elecciones 2017. Disponible en: https://www.servel.cl/estadisticas-de-participacion-a-nivel-nacional/

[3] “Universidad de Chile confirma distribución de ingresos "altamente desigual" y calcula sueldo promedio de $ 500 mil en Santiago.” Diario La Tercera, Chile. Disponible en: https://www.latercera.com/pulso/noticia/desempleo-gran-santiago-anota-fuerte-alza-salario-promedio-llega-500-mil/872446/

Fotografía:

Felipe Igor Garrido Diaz

 

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