A la nueva ley minera le estorban nuestros derechos

Martes 10 de Febrero de 2026

Antecedentes

El gobierno de Daniel Noboa nos ha acostumbrado a cierto tipo de gobierno basado en decretos ejecutivos -superando los 600 decretos en dos años- y en la promulgación de leyes económicas urgentes. Desde 2023 sus proyectos han direccionado al país a la privatización de sectores estratégicos o la flexibilización de derechos laborales como en Ley Orgánica de Competitividad Energética y Seguridad Energética, cuyo objetivo era atraer inversión privada en generación eléctrica, la Ley Orgánica de Incentivos para la Producción y el Empleo que buscaba flexibilizar las modalidades de contratación laboral o generar incentivos para que las empresas contraten más personal con menores obligaciones iniciales y facilitar procesos de despido de trabajadores o la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que define límites al endeudamiento público y además centraliza el presupuesto de los GAD a través del Ministerio de Economía; lo cual incentiva la privatización de servicios que ya no se ofrecerían por entidades públicas.

En 2025 el gobierno intentó lo mismo a través de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional que pretendía reducir aun más el gasto público y presionaba a municipios a buscar alternativas en el sector privado para financiar servicios básicos como agua, saneamiento, salud primaria o educación inicial. También lo intentó con la Ley Orgánica de Integridad Pública que imponía restricciones a la participación de organizaciones sociales, gremios y colectivos en procesos de contratación pública y establecía requisitos más estrictos para que actores sociales pudieran intervenir en veedurías o fiscalización de proyectos estatales.

Estos dos leyes fueron rechazadas por la Corte Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, lo cual enfureció al presidente y fue la razón por la que tuvimos una consulta popular improvisada en noviembre del año pasado que, entre otras cosas, proponía que se haga una nueva Constitución sin tantos derechos pues estos claramente estaban estorbando a los planes del gobierno. Sobra decir que el gobierno perdió esta consulta popular y desde entonces el presidente decidió que iba a gobernar desde el avión presidencial, pues sus viajes no han parado.

También sobra decir que las leyes aprobadas no han dado los resultados prometidos. La Ley Orgánica de Competitividad Energética y Seguridad Energética, fue aprobada en enero del 2024, pero entre octubre y noviembre del mismo año tuvimos apagones de 14 horas diarias. La Ley Orgánica de Incentivos para la Producción y el Empleo, se promulgó en enero del 2024, pero según el INEC/ENEMDU, el empleo adecuado/formal pasó de 34,7% (enero 2024) a alrededor de 37,1% (enero 2026), lo que significa que en dos años esta ley solo ha subido la tasa de empleo formal en tan solo 2,4%. A este ritmo nos tardaríamos 17 años en llegar a los porcentajes de empleo adecuado de Brasil (55%) y 25 años en llegar a los porcentajes de Chile (65%). En Enero de 2024 la precariedad laboral (empleo no adecuado + sub empleo + empleo no remunerado) estaba en 61,1%, mientras que en enero de 2026 la precariedad laboral se encuentra en el 60%. Y finalmente la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas ha hecho que el gobierno central se apropie del dinero de los GAD, debilitando las alcaldías alrededor del país. Esta ley prioriza la salud de la macroeconomía sobre necesidades locales como obras públicas. Según una nota del Comercio[1] hasta mediados del 2025 el gobierno acumuló 1544 millones de dólares en deuda interna. Lo cual produce parálisis de obras públicas, dificulta la planificación de las alcaldías y generan conflictos políticos.

Pero el presidente de la república no deja que ni el fracaso de sus leyes ni el que haya perdido la consulta popular de noviembre lo desmotive. El 27 de enero de 2026 emitió una nueva ley económica urgente para que la Asamblea Nacional la apruebe de inmediato. Esta es la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Una ley que como las anteriores impulsa la privatización de recursos, de servicios y limita la participación ciudadana en los proyectos que vengan del ejecutivo.

Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía

¿Por qué es económica? ¿Por qué es urgente?

El gobierno califica esta ley como económica urgente (es decir que la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobarla) por dos razones centrales. Cree que con la aplicación de esta ley se va a producir una mayor seguridad fiscal para el Estado y porque de aprobarse entonces se deben hacer cambios dentro del Presupuesto General del Estado porque el proyecto contempla una ampliación al presupuesto para las FFAA que no estaba contemplado antes.

El proyecto menciona que hay un déficit en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 16.000 millones de dólares y que este proyecto ayudará a solventar esa falta de dinero. ¿Qué significa esto? Que el gobierno piensa gastar más dinero del que produce. Pero aquí vale la pena preguntarse ¿Por qué hay ese déficit? ¿Acaso no fue contemplado en el momento en que el PGE fue propuesto por el gobierno a la Asamblea Nacional? ¿Por qué la Asamblea aprobó un PGE con este déficit?

La respuesta es que la Asamblea Nacional siempre supo que nos iba a faltar dinero[2] y aun así decidió aprobar el PGE con 78 votos a favor. Sabiendo que para cubrir ese dinero faltante tenían que recurrir a sobrecargar a la población con impuestos, a la sobre explotación de la tierra, a la privatización de sectores estratégicos o a endeudarnos aun más. Vale la pena recordar que el Ecuador es el 4to país más endeudado[3] con el FMI (8705 millones) del mundo, sin mencionar la deuda interna que tiene con los GAD.

Cuando este PGE fue propuesto, se criticó abiertamente la nula planificación que contemplaba el gobierno para crear su propio financiamiento. Economistas como Marco Flores o el Observatorio de Política Fiscal dijeron que este presupuesto era insostenible[4], principalmente porque se apoya excesivamente en endeudamiento y en ingresos extraordinarios (se sostiene excesivamente sobre el precio del petróleo, un valor que puede variar de la noche a la mañana), sin un plan sostenible de largo plazo. El PGE de Ecuador está hecho con supuestos y sostenido por la fe de que no caiga los precios de la materia prima que exporta.

Un ejemplo sencillo de esto lo podemos ver con la intromisión y el cambio de régimen en Venezuela. EEUU es uno de los principales compradores de petróleo ecuatoriano, sin embargo, ahora con el embargo de buques de petróleo y la llegada de compañías petroleras a Venezuela, esa demanda va a caer y con ello también caen los supuestos beneficios económicos que el gobierno ecuatoriano creyó que iba a tener durante el 2026.

Entonces este proyecto es calificado como urgente para intentar solventar la pésima planificación presupuestaria del gobierno.

Los puntos más importantes de la ley:

1) Agilización de permisos ambientales (autorización en lugar de licencia para exploración).

En Ecuador para cualquier actividad minera (en cualquiera de sus fases) se necesita de una licencia ambiental. Esta licencia ambiental requiere de estudios ambientales, estudios de impactos de contaminación, consultas previas a las personas que viven en los territorios donde se piensa hacer minería, revisiones técnicas de suelo y revisiones jurídicas.

El gobierno comprende que esto -los derechos y regulaciones- desalienta la inversión privada y por eso quiere que en la fase de exploración minera inicial ya no haya la necesidad de obtener esta licencia, sino que solo se de una autorización ágil y rápida, sin tanta burocracia; que reemplace los estudios de impacto ambiental con estudios simplificados o declaraciones juramentadas. Esto atraería mucha inversión al sector minero que no quiere lidiar con políticas ambientales que ponga en riesgo su producción y por supuesto, ganancia.

2) Unificación de la etapa de exploración (hasta 15 años).

Actualmente los proyectos mineros tienen distintas fases y cada fase, al tener impactos ambientales distintos, requiere de licencias ambientales distintas (lo que significa distintos estudios, distintas consultas previas, distintos tipos de maquinaria, etc).

Con la ley actual todos los proyectos tienen varias etapas de exploración. La primera dura 4 años y comprende una serie de estudios preliminares, una prospección geológica y un muestreo superficial. Esto quiere decir: recorridos de campo, mapeo de afloramientos, toma de muestras de roca, suelo y sedimentos, análisis de laboratorio de pequeñas muestras para detectar concentraciones de minerales y cosas con impactos ambientales bajos.

Después viene la etapa de exploración avanzada, en donde las cosas cambian radicalmente. En esta etapa ya se necesitan maquinarias pesadas, perforaciones en el suelo, construcción de caminos para trasladar esa maquinaria y el impacto ambiental es sostenido y abundante. Los estudios y planes de manejo ambientales son muy distintos a la fase anterior pues cada empresa que emprenda esta fase de la actividad minera debe presentar un listado de posible contaminación y así mismo un plan para lidiar con esa contaminación.

La nueva ley propuesta por el gobierno pretende unificar estas dos etapas como si fueran una sola, con impactos ambientales similares o como si la consulta ambiental a las poblaciones fuera la misma. Y quiere que esta etapa de exploración pueda durar 15 años. Eso es 15 años sin consulta previa, sin licencia ambiental, sin control estatal certero.

La nueva ley cambia el requisito de varias licencias ambientales, por una sola autorización que dure 15 años.

3) Declaratoria de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica con apoyo de Fuerzas Armadas

La nueva ley le otorga la facultad al gobierno para declarar ciertas zonas mineras como estratégicas para la seguridad nacional. Esas áreas pueden ser patrulladas por las FFAA del Ecuador con el objetivo de defenderlas. Esto es: control de accesos, protección de infraestructura y vigilancia contra minería ilegal.

Esto es para agregar un componente militar a la seguridad jurídica de las empresas que decidan invertir en proyectos mineros en Ecuador, a costa de la militarización de territorios y comunidades. La ley no es clara ante los mecanismos para declarar una zona estratégica y tampoco es clara qué se entiende por “defender”.

En el contexto de Conflicto Armado Interno, se nos dice que este tipo de acciones tienen el objetivo de defender las inversiones y los sectores estratégicos de GDOs, sin embargo, ya hemos visto durante el paro nacional o durante las invasiones a los territorios de Palo Quemado, que las FFAA no tienen problema en ser brutalmente violentas con poblaciones rurales o indígenas. ¿De quienes van a defender los proyectos mineros? ¿De las comunidades que protesten porque nos les preguntaron si querían o no minería? ¿De las comunidades que protesten porque sus ríos están siendo contaminados? Esta ley no responde esas preguntas.

Conclusiones

Recordemos algunos eventos ocurridos el año pasado.

El 13 de marzo del 2025 se dio uno de los peores derrames petroleros de la historia del Ecuador en Esmeraldas, cuando 25 mil barriles de petróleo contaminaron más de 80km de ríos y playas. Esto afectó entre 113.000 y 500.000 personas.
Entre enero y diciembre de 2025 los bloques petroleros de Orellana y Sucumbíos tuvieron descargas de aguas de formación con metales pesados, se dieron quema rutinaria de gases en mecheros y tuvieron una contaminación crónica de fuentes de agua cercanas.
En la Cordillera del Condor los proyectos mineros metálicos provocaron la sedimentación y turbidez en ríos; deforestación localizada por apertura de caminos y campamentos y grave afectación a la biodiversidad amazónica.
En Intag a través de concesiones de cobre se produjo contaminación de quebradas por perforaciones exploratorias, deforestación en zonas de bosque nublado y conflictos sociales por uso de agua.
En bloques petroleros de Napo se dieron derrames menores en estaciones de bombeo; contaminación de suelos y aguas superficiales y denuncias comunitarias por afectación a cultivos.

Todos estos proyectos cuentan con licencias ambientales y aun así, el Estado es incapaz de hacer los controles, de ejecutar las multas, de sancionar a las empresas por la contaminación que producen. Y se atreven a decirnos que lo que necesitamos es menos control, menos burocracia y menos Estado.

La misma gente que regaló cien millones de dólares en la estafa de Progen, la misma gente que nos dice que el plan Fenix está funcionando, cuando salimos del año más violento de la historia con 9216 muertes violentas, la misma gente que ha negado una y otra vez el estado de emergencia de nuestro sistema de salud. Esa gente nos pide que confiemos una vez más en ellos. Pero la gente no es tonta y no le gusta que le mientan. Eso ya lo demostraron en la última Consulta Popular.

Esta nueva ley tiene los mismos vicios que las anteriores. No está hecha para beneficiar al pueblo, está diseñado para privatizar los minerales del Ecuador, para transformar a las FFAA en un ejército que proteja la inversión privada, para militarizar los territorios indígenas donde hay resistencia al extractivismo, para hacerle la vida más fácil a las empresas. Pregúntate qué ley que ha sacado el gobierno te ha ayudado, pregúntate desde que llegó este gobierno qué política te ha beneficiado. No confiemos más en gente que nos ha mentido tanto, no aceptemos que nos roben nuestros recursos, no permitamos que militaricen nuestros territorios, no dejemos que secuestren nuestros sueños y nuestro futuro.