Insurgencia armada en Colombia: trayectorias de un fenómeno de vieja data

Farc
Viernes 10 de Octubre de 2018

La insurgencia armada en Colombia puede rastreársela a partir del periodo conocido como “La Violencia” en la década de 1940, momento histórico en el cual la pugna bipartidista generó la conformación de grupos armados de diferente ideología, como las guerrillas liberales de los llanos, remitiéndonos a la conformación de grupos organizados, con una perspectiva política territorial, que colonizaron y ocuparon espacios olvidados por el estado, resistiendo desde los márgenes a la estructura de poder político predominante y, puntualmente, contra el conservatismo.  

Dichas estructuras detonaron a partir  del asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán el 09 de abril de 1948 con diferentes propuestas y bajo el mando de dirigentes emergentes del seno del pueblo, generando una oleada de violencia partidista.

Ya para el 22 de 1953 las guerrillas liberales lideradas por Guadalupe Salcedo buscan un acuerdo para cesar las hostilidades contra el gobierno. Así las cosas, los primeros días del mes de septiembre Salcedo se presentó en un puesto del ejército ubicado Monterrey, Casanare, y presentó un pliego de peticiones de 24 puntos. El 13 de junio de 1954 el gobierno de Rojas Pinilla promulga el decreto 1823 de 1954 mediante el cual se declara la amnistía para todos los delitos políticos cometidos antes del 1 de enero de 1954 con motivo de la violencia partidista, y se indultó a todas aquellas personas procesadas o condenadas por esos punibles. El carácter conciliador del decreto de Rojas Pinilla cobijaba a guerrillas liberales o conservadoras, a paramilitares y a miembros de la fuerza pública involucrados en los distintos capítulos de la violencia.

Entrando 1957 se da la desmovilización de estas guerrillas, más varios comandantes de criticaron la desmovilización considerándolo como un acto de traición por parte de Salcedo, afirmando que no había garantías claras para los excombatientes. En medio de estas tensiones Guadalupe Salcedo fue asesinada el 06 de Junio del mismo año, quedando algunos grupos liderados por los comandantes que no hicieron parte de este proceso de desmovilización.

Este patrón histórico se repite una y otra vez con algunos matices, por ejemplo, el proceso de desmovilización del Ejercito Popular de Liberación (EPL) en 1991, en el cual se desarmaron 2.556 combatientes y entregaron 850 armas, como resultado de los diálogos adelantados con el gobierno desde mayo de 1990. La estructura guerrillera, tras el proceso de desmovilización y reinserción a la sociedad, pasaría a llamarse como el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. No obstante, otros grupos insurgentes  empezaron a asesinar a los desmovilizados de este grupo, ya que los sindicaban de traicionar al propio movimiento revolucionario.

Un grupo de algo más de 100 integrantes al mando de un mando medio, considerado el ala radical del EPL, no se desmovilizó, siguiendo en armas como grupo disidente. Actualmente este grupo opera en la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, quienes ahora están en constantes enfrentamientos con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc-ep y grupos paramilitares por el control de rutas de narcotráfico.

Después de la firma del acuerdo de paz de La Habana en el 2016 el número de disidencias de las Farc-ep sigue en aumento y, aunque se desmovilizaron cerca de 7.000 personas y se entregaron más de 9000 armas, este es un fenómeno recurrente en los procesos de paz que se han dado a nivel mundial, obedeciendo a factores endógenos y exógenos del grupo armado.

En los procesos de Desarme Desmovilización y Reinserción (DDR) es clave tanto la estructura organizacional del grupo (su cohesión, líneas de mando, proyecto político, etc), como los incentivos y garantías que debe brindar el gobierno para que el tránsito hacia las desmovilización sea estable.

Actualmente se habla de aproximadamente 1200 disidentes en departamentos como: Meta, Choco, Guaviare, Antioquia, Caquetá, Putumayo, entre otros. La desconfianza al respecto del cumplimiento de los acuerdos pactado en el acuerdo por parte del gobierno, las diferencias al interior de las Farc-ep, los incentivos económicos del narcotráfico, la presión para continuar en armas ante el avance de grupos paramilitares en algunas zonas, los retrasos en la dejación de las armas y en la adecuación de los espacios de concentración para la reincorporación, la falta de garantías de seguridad para ex combatientes y sus familias (cerca de 70 exguerrilleros han sido asesinados), son factores que han llevado a que el proceso de DDR sea un fracaso.

Nuevamente, el papel que cumplen los mandos medios en este proceso ha sido clave, tanto porque siguen sosteniendo reivindicaciones políticas vigentes, así como por la capacidad de influencia que tienen en gran parte de la tropa. Hace un mes que no se sabe de cuatro jefes importantes de la entonces guerrilla, Iván Márquez, quien fue el líder negociador, ‘El Paisa’, ‘Romaña’ y ‘El Zarco’, estos últimos tres fueron importantes líderes militares. A esto se le suma Albeiro Córdoba, hijo de uno de los fundadores de las FARC, quien también dejó su esquema de seguridad y se internó en el departamento del Guaviare, en donde opera la disidencia del antiguo frente primero liderada por Gentil Duarte.

La formación de las disidencias ha sido heterogénea y en diferentes momentos, algunos se quedaron por fuera por decisión propia o porque no fueron reconocidos por la guerrilla, otros sí ingresaron pero salieron antes de ser certificados. Unos más se concentraron y luego salieron, y otros se concentraron, se certificaron y renunciaron a seguir en el proceso o reincidieron.

Dado este panorama es coherente que se esté hablando de un plan para refundar a las Farc-ep, lo cual ha sido negado tajantemente o por parte de los dirigentes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. De darse esto, la responsabilizada recae sobre el gobierno tanto por la falta de voluntad política para continuar con el acuerdo, como por la incapacidad para cumplir con el proceso de reincorporación en materia económica, jurídica, social y política. Esto sin tener en cuenta el suspenso e incertidumbre en el que está la mesa de negociación con el ELN.

 

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