NO le des más poder al poder

Lunes 30 de Enero de 2023

La Consulta Popular es un mecanismo de la democracia participativa que tiene como objetivo la incidencia de la ciudadanía en temas de interés nacional, con alcances como la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva constitución, como intereses locales y particulares, como la prohibición de actividades mineras en territorios específicos, o la prohibición de la tortura y asesinato público de un animal con fines de entretenimiento. Detrás del mecanismo de Consulta Popular, se encuentra el interés colectivo de participación e involucramiento de la mayoría de la población, con el fin de descentralizar la toma de decisiones, así como de incentivar el debate permanente acerca de cómo mejorar las condiciones de vida de todxs. Es decir, el mecanismo de la Consulta Popular se planteó en principio como ejercicio de poder popular.

Sin embargo, la figura de la Consulta Popular se ha desvirtuado de su objetivo original. Al contrario, ha servido como mecanismo de legitimación de la maquinaria neoliberal para justificar el desmantelamiento sucesivo del aparataje estatal. Tal como sucedió en la Consulta Popular del 2018, el próximo 5 de febrero, la consulta propuesta por el banquero presidente, esconde una nueva etapa de austeridad y desinstitucionalización que se depositará de una u otra forma sobre los cuerpos de todo el pueblo y la clase trabajadora. Para lograr utilizar de forma maniquea el mecanismo de la Consulta Popular, la burguesía necesita recurrir a la manufacturación de un consenso colectivo. En el escenario actual, ese consenso está directamente ligado a tres ejes fundamentales: 1. el miedo y la inseguridad; 2. La austeridad; y 3. Un supuesto interés ecológico y de compensación a comunidades.

No es coincidencia que en la primera pregunta se plantee a la extradición como una salvación a la situación de violencia exacerbada en la que se ha sumido el país. Todos los medios hegemónicos de comunicación han puesto su grano de arena para consolidar la idea de que extraditar a cabecillas del crimen organizado, lograría desarticular sus operaciones en territorio nacional. Lo que no han aclarado es la corrupción que permea a las fuerzas represivas del Estado, con narco generales, policías informantes y agentes activos de la organización criminal, y el abastecimiento de armamento a las cárceles por parte de oficiales del SNAI. Es decir, tanto al gobierno de la banca, como a sus medios acólitos, se les ha pasado la oportunidad para denunciar que las políticas públicas sostenidas por el Estado neoliberal, son las causantes de que el crimen organizado haya permeado a las FF.AA. y la Policía Nacional, a tal punto, que controlan territorio y deciden sobre la vida y muerte de las personas en el Ecuador.

Esto solo evidencia la complicidad entre la burguesía y el crimen organizado -que contempla redes de corrupción y lavado de activos-. La extradición no soluciona nada, solo funge un mecanismo para generar un consenso colectivo respecto al voto positivo en la Consulta Popular y como una renuncia parcial a la soberanía jurídica del país. La extradición no garantiza ningún tipo de control a la organización criminal, ejemplos como el de Colombia y México lo dejan en claro. Es decir, los criminales seguirán libres, la soberanía jurídica mutilada y el Estado más vulnerable a los intereses del Ejecutivo.

En ese sentido, el híper presidencialismo que es un problema estructural, podría expresarse de formas más graves. Desde la Consulta Popular del 2018 existe una campaña desde la burguesía en contra de la figura del CPCCS y sus funciones. En esta oportunidad se pretende tanto retirarle funciones como su carácter de elección popular. El CPCCS es el órgano encargado de la designación de varias autoridades, como del CNE, Contraloría, Procuraduría, Superintendencia de Bancos, Defensoría Pública y del Pueblo, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Todas autoridades ligadas al control del poder del Estado, incluido el Ejecutivo. En la misma línea se encuentra la pregunta referente a la “independencia” de la FGE. Es decir, la Consulta Popular plateada por el banquero presidente, tiene como objetivo principal la concentración de más poder en el Ejecutivo, que le garantizarían impunidad frente a casos de corrupción graves como el caso Encuentro o Gran Padrino, donde está involucrado el círculo familiar y profesional más cercano al mismo Guillermo Lasso.

El tan denigrado y desprestigiado poder legislativo -la Asamblea Nacional- pretende fortalecerse bajo la trama política burguesa. Asumiría las funciones del CPCCS, concentrando a su vez poder de decisión, nombramiento y ejecución al poder presidencial, el que ya de por sí goza de facultades que ubican a la figura de presidente por encima de los demás poderes del Estado burgués. El tradicional discurso de la austeridad -la carta de presentación de Lasso frente al FMI y BM- impone la imagen del Estado inservible, mientras alaba a la empresa privada, y por este medio quiere legitimar la concentración de poder en manos de la burguesía en la figura del banquero-presidente. La empresa privada en el centro del poder político genera una nueva ola migratoria, mientras al mismo tiempo, el austericido se vende como voluntad popular, para darle más poder al poder.

Adicionalmente, la reducción de asambleístas de 137 a 120, concentrará todavía más poder en las manos de la oligarquía urbana -sobre todo comercial, importadora y financiera-, concentrada en Quito, Guayaquil y Cuenca. La sobre representación de las urbes, en el caso de un triunfo de la consulta, permitiría un atropello todavía mayor de los intereses citadinos, por sobre los del campo. El Oriente ecuatoriano, región en la que se encuentran la mayoría de proyectos extractivistas mineros y petroleros, y a la vez es la región más despoblada del territorio ecuatoriano, sería también la más subrepresentada, con menor poder de decisión política y menor visibilidad. El extractivismo plantea el exterminio de las comunidades y territorios amazónicos en resistencia, representando un nuevo ecocidio y proyecto neocolonial, planteado por las élites políticas del Ecuador.

En este sentido, la pregunta que limitaría la inscripción de movimientos políticos que cuenten con el 1,5% del registro electoral, piensa concentrar poder político en los movimientos históricamente conservadores, blanqueados y masculinistas. El conservadurismo político, profesado por una ultra derecha blanqueada, tan solo se fortalecerá con esta medida.

Tan solo para blindar la consulta en términos morales, se plantean dos preguntas referentes a un supuesto ecologismo, disfrazando las intenciones antipopulares del gobierno. Estas quieren centralizar el control del agua, entregando su administración al Gobierno Nacional, con dos objetivos, retirar el poder de las comunidades sobre la distribución del agua, y para su subsecuente privatización, vulnerando el derecho al acceso al agua. Adicionalmente, las compensaciones ambientales por daños y perjuicios ocasionados a personas y al resto de la naturaleza, pasarían a ser activos de la bolsa de valores con los “mercados de carbono”, mismos que lavan la imagen corporativa de multinacionales y empresas extractivas, para especular con un precio que se da a la naturaleza y los “servicios” ambientales, como el aire, el agua, y demás recursos vitales que son inmedibles en términos financieros. La naturaleza, con toda su inconmensurable diversidad de vida, pasaría a ser una mercancía más en la bolsa de valores de la especulación capitalista.

En conclusión, sin una organización popular robusta, es imposible la ejecución de cualquier mecanismo de poder popular, inclusive los mecanismos que contempla la misma democracia burguesa, como es la Consulta Popular. Esta se convierte en un mecanismo más para mantener al pueblo y la clase trabajadora engañada, sometida y explotada en beneficio de la burguesía. La Consulta Popular del 5 de febrero, además de ser un proyecto de concentración de poder político en favor exclusivo de las élites industriales y financieras representadas por Lasso, se convertirá en un voto de rechazo o aprobación a un modelo de Estado. El gobierno y su clase merecen un rechazo contundente en la Consulta Antipopular.

Contra la desinformación y la imposición burguesa, únicamente la organización popular anticapitalista y la lucha de clases representan un horizonte para la clase trabajadora.