Nuevo Ecuador: laboratorio de las Américas
Cuando de arrodillismo al imperialismo estadounidense se trata, el Nuevo Ecuador no para de superarse a sí mismo en tiempo récord. Una larga serie de eventos desafortunados pero todos ellos fríamente calculados durante décadas, consolidó un régimen títere por excelencia, mismo que alcanza su expresión máxima en la hacienda primario-narcótico exportadora llamada Noboa Inc., el propio ADN, la espina dorsal de la lógica de Estado del Nuevo Ecuador.
En términos geopolíticos el territorio ecuatoriano es hoy por hoy el centro de mando de las operaciones imperialistas de EE.UU. en sus anhelos de imperio en decadencia, de reconquistar el continente. Ante todo Venezuela, Brasil, México y sobre todo Cuba y Colombia se convirtieron en objetivos o “botines” para Donald Trump y compañía, cuyos intereses geopolíticos constituyen establecer un patio trasero de los EE.UU. al costo que sea necesario.
Las elecciones próximas en Colombia -31 de mayo- y Brasil -4 de octubre- marcan una oportunidad sin precedentes en el tablero democrático burgués, misma que EE.UU. aprovechará a como dé lugar. Sin duda la injerencia directa demostrada el pasado 28 de noviembre de 2025, -cuando a dos días de los comicios presidenciales en Honduras-, Trump personalmente dio el perdón presidencial al ex presidente Juan Orlando Hernández, condenado por traficar 400 toneladas de narcóticos a EE.UU. en 2024, inclinó la intención de voto a su partidario y actual presidente, Nasry Asfura.
Respecto a Colombia, el antiguo aliado fundamental y buen súbdito a la política expansionista de Estados Unidos durante el Plan Colombia con Álvaro Uribe y continuado hasta el 2022, pasó a convertirse en uno de los principales adversarios geopolíticos en la región. Tras el bombardeo y la invasión a Venezuela el 3 de enero, Trump amenazaba constantemente a Colombia con ser el siguiente territorio en la lista, mientras agudizaba un bloqueo naval, petrolero y militar en contra de Cuba.
La guerra comercial contra Colombia iniciada a mandato expreso de EE.UU. por Daniel Noboa -un total de cuatro viajes oficiales desde la contundente derrota popular del 16 de noviembre-, corresponde a cumplir una función de ficha de injerencia geopolítica. Los movimientos aéreos desde EE.UU. hacia la base de Manta, mismos que sumaron 5 vuelos semanales desde mediados de diciembre, reflejan el uso del territorio ecuatoriano como centro logístico previo al bombardeo a Caracas, inédito en la historia de la región.
La guerra comercial provocada por el Nuevo Ecuador es en términos cronológicos, la siguiente fase estratégica que el expansionismo imperialista de EE.UU. aplicó desde lo que considera su “frontera sur” después de la ocupación de Venezuela. Tan solo 18 días después del secuestro a Nicolás Maduro y Cilia Flores, Daniel Noboa impuso una supuesta tasa de seguridad del 30% a productos colombianos, para elevarla al 50% el 1 de marzo, culminando en el 9 de abril, cuando se situó al 100%. Así un populismo arancelario que no termina siendo nada más que copia y calca del gobierno MAGA, refleja la injerencia política y económica que EE.UU. practica por medio de su régimen títere del Nuevo Ecuador.
Esta estrategia impuesta se manifiesta en detrimento directo a la soberanía territorial, económica e incluso alimentaria del país. Mientras se responde indiscriminadamente al dictado de Washington, la guerra comercial iniciada por Noboa y CIA prepara el mercado local para la irrupción de productos subvencionados y bañados en agro tóxicos desde los Estados Unidos. Así por una parte los aranceles responden a una sustitución de mercados de importación de Colombia hacia EE.UU. -con la reciente firma del tratado de libre comercio-, a la vez de presionar al gobierno de Gustavo Petro y su muy posible sucesor Iván Cepeda –que así sea-. Por otra parte, el sector agro productivo interno del Ecuador se encuentra amenazado directamente con una pérdida estimada de 500.000 empleos.
Desde el inicio de las provocaciones del Nuevo Ecuador a Colombia en enero de 2026, la ultra derecha colombiana se activó como aliado estratégico en las acciones de desestabilización perpetradas desde el territorio nacional. El mismísimo señor de la guerra y jefe paramilitar vitalicio de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pasó a figurar entre los asesores directos de Daniel Noboa, visitando Carondelet dos días antes de la imposición del 50% en aranceles, como también pocos días antes del incremento al 100% varias ocasiones, como lo denunció la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonieta Velazco.
En estos términos, la injerencia política y económica ejercida ante las elecciones en Colombia, constituye una de las tareas centrales delegadas por Trump al Nuevo Ecuador, con el propio Noboa declarando que con un cambio de gobierno se podrían arreglar diferencias, y la candidata del nefasto uribismo, Paloma Valencia, prometiendo priorizar una solución a la guerra comercial, de llegar a la presidencia. Al mismo tiempo, Valencia asegura que su primera decisión presidencial consistiría en unirse al Escudo de Las Américas, convertir a Colombia en un territorio ocupado como el Nuevo Ecuador o su propio territorio durante el Plan Colombia, subyugándose al nuevo ministerio de las colonias yanqui.
Pero no se acaba ahí la lista de mandados a Noboa. Diseñar un plan integral de control de poblaciones y territorios con Ecuador como laboratorio de las Américas, es elemental para el Ministerio de las Colonias. Injerencia política, legitimación de agresiones a soberanías, reforzamiento de la moral sionista, funcionar como centro de operaciones militares, despojo de tierras campesinas e indígenas, criminalización y persecución política y borramiento de la memoria son algunos de los mecanismos.
La tarde del 20 de abril, la embajada de los EE.UU. en Ecuador publicaba la siguiente noticia: "los Estados Unidos y el Ecuador suscribieron un memorando de entendimiento entre la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) con el Ministerio del Interior del Ecuador para profundizar la cooperación internacional a través del intercambio de información, asistencia técnica, capacitación y entrenamiento de la Policía Nacional y otras herramientas que permitan la lucha contra los delitos transnacionales". En un contexto en que el modelo del ICE —la migra— se está imponiendo en todos los países de influencia occidental. ICE ya ejecutó control de multitudes en Milán durante los Juegos Olímpicos, y el Parlamento Europeo aprobó una reforma al reglamento de migración similar a la política del ICE, el pasado 26 de marzo. Esta rama del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) opera por fuera de cualquier legalidad y practica el acoso, la cacería y la extrema violencia. Ahora van a entrenar a la Policía Nacional del Ecuador.
Ser laboratorio de las Américas es algo que cuesta muy caro, al pueblo —claro—. Las operaciones marítimas conjuntas entre el Comando Sur y las FF.AA. vuelven a subrayar la advertencia de todos los organismos nacionales e internacionales de DD.HH.: la implicación de las FF.AA. en control interno implica un riesgo severo para la violación sistemática de los derechos de las y los ciudadanos. Dos casos graves resaltan desde la reactivación de la Base de Manta. Respecto del primer caso, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitió un llamado urgente al Estado ecuatoriano para localizar hasta el 27 de abril a los pescadores desaparecidos. El pasado 20 de enero, en contexto de operaciones conjuntas entre EE.UU. y Ecuador, 8 pescadores desaparecieron en las costas de Manabí. En su última comunicación logran reportar vigilancia con drones y guardacostas "americana".
Asimismo, el pasado 7 de abril más de 20 pescadores llegaron al Ecuador después de ser repatriados por autoridades de El Salvador. Los pescadores denuncian que fueron víctimas de bombardeos que causaron el hundimiento intencional de su pesquero, tortura y desaparición temporal por parte de militares estadounidenses en contexto de operaciones conjuntas entre EE.UU. y Ecuador. A pocos meses de la reactivación de la Base de Manta, inspeccionada hace pocas semanas por la mismísima Kristi Noem, el Comando Sur y las FF.AA. vuelven a ejecutar terrorismo contra el pueblo. En el periodo de 2001 a 2005, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) denunció el hundimiento de al menos 36 navíos, la desaparición forzada y temporal de 118 pescadores y 97 muertes en un naufragio producto de las operaciones.
La simple enunciación verbal de cualquier agente del orden público —nacional o yanqui—, que determine que un sujeto "es sospechoso de narcotráfico o terrorismo", parece sustentar suficiente legitimidad para el sometimiento y eliminación de cualquier persona. El Estado de derecho simplemente no existe en el Nuevo Ecuador. Otro ejemplo de esto es que, a pesar de la negativa de más del 60% de la población en la consulta popular del 16 de noviembre sobre no permitir bases extranjeras en territorio nacional, desde al menos Diciembre de 2025, Comando Sur opera en el país. Cooperación que se formalizó el pasado 4 de marzo con la entrega de las bases militares para uso de tropas estadounidenses. Esta acción del Ejecutivo no solo incumple el mandato popular, sino que también es inconstitucional. El Art. 5 de la Constitución dice: "El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras".
Los casos de los pescadores desaparecidos de forzozamente no son los únicos, solo son los más recientes. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada alertó sobre al menos 51 casos de desaparición forzada en el Ecuador en los que están implicadas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desde 2024. Adicionalmente, entre enero y febrero de 2026 se reportaron 1.239 desapariciones generales. Esto da cuenta de un estado de violencia agudo, que también reporta más de 150.000 desplazamientos internos a causa de la violencia, siendo el Ecuador el tercer país de la región con mayor cantidad de desplazados por violencia, solo después de Haití y Colombia. Al mismo tiempo, relatores de la ONU en marzo descartaron que existan elementos suficientes para la declaración de Conflicto Armado Interno. El Nuevo Ecuador es un laboratorio del modelo de control social continental, que se exportará al resto de países de América Latina. Las operaciones conjuntas son los ensayos. Grave situación en la que nos encontramos.
Otra forma en que el Estado ecuatoriano ha elegido imponer terror es el despojo de tierras y desplazamiento forzado contra campesinos y campesinas en la costa, en alianzas entre empresas privadas y aparatos represivos. El 14 de abril, la empresa camaronera TRUPECA S.A.S. desalojó conjuntamente con la Policía Nacional el predio del recinto Los Ángeles, donde familias campesinas habitan desde hace 50 años. Un total de 31 familias están siendo expulsadas de sus tierras, después de enfrentar el acoso de la empresa por cinco años, que les ha denunciado por invasión en múltiples ocasiones. Tanto el MAG como la Fiscalía archivaron las denuncias; sin embargo, la Intendencia de Policía ordenó la salida forzosa el 30 de diciembre de 2025.
El presidente de TRUPECA es Antonio Garcés Suárez, quien fue gerente de Industrial Molinera, alto administrativo de la empresa LOGISEM y de la Compañía VIGISEM del Grupo Noboa. También Garcés fue presidente de BASC – Guayaquil, empresa que certifica a corporaciones como Exportadora Bananera Noboa de estar libre de narcotráfico y contrabando en sus contenedores. Parece que Garcés es persona de confianza de la familia Noboa. Este no es el primer caso de desalojo ilegal ejecutado por presiones de poderosos grupos político-económicos contra campesinos. El caso del despojo de tierras de las familias campesinas de la Asociación agropecuaria 30 de Marzo dejó a 450 personas en la absoluta indefensión, también con sentencias interinstitucionales contradictorias.
El Nuevo Ecuador impone aceleradamente un proceso de reacumulación primitiva, despojando a campesinos de sus tierras para la instalación de empresas camaroneras, para la agroindustria, para la construcción de inmobiliarias de lujo o para minería. La ocupación política y territorial, el despojo y la criminalización son los signos que caracterizan el narcoestado presidido por Daniel Noboa Azín.
El pasado 14 de abril, el presidente del Pueblo Kitu Kara, Darío Iza Pilaquinga, se presentó a rendir versión de los hechos en el caso de hostigamiento y criminalización que el Estado ecuatoriano tiene en su contra por las jornadas de resistencia del Paro del Pueblo entre septiembre y octubre de 2025. A Darío le fue interpuesta una denuncia a solo tres días de iniciado el paro nacional, una denuncia con un entramado muy complejo, que evidencia persecución política. Adicionalmente a los procesos legales a los que son sometidos Darío Iza Pilaquinga, Leonidas Iza Salazar y los más de 200 dirigentes, militantes, activistas y periodistas que están siendo perseguidos por el Estado en alianza con la empresa privada, tienen que enfrentar una suerte de muerte civil, y civil y política en algunos casos. El acoso laboral y el congelamiento financiero implican un asesinato social, como Friedrich Engels definía a las acciones u omisiones de la clase dominante que deliberadamente causan condiciones en las que la clase trabajadora se encuentra en la imposibilidad de continuar la vida. Esto es muy grave.
Este es un mecanismo de disciplinamiento social y político con el objetivo expreso de neutralizar social y políticamente a actores que ejercen contrapoder y generan oposición política, por un lado; por otro lado también es expresa la intención de generar miedo, recelo y parálisis frente a la militancia y el activismo. La criminalización de la organización popular y la protesta es un elemento fundamental de cómo se ejerce poder en este país y es una demostración de autoritarismo.
Como se va tejiendo, los mecanismos y dimensiones donde se inscribe el poder del Estado —que en este país tiene la característica de estar construido como una república narcobananera— son varios y complementarios entre sí. El borramiento de la historia es un elemento importante en esta estructura. El Nuevo Ecuador intentó borrar la memoria histórica de lucha de los pueblos de Imbabura en el Paro del Pueblo, cubriendo los murales pintados durante las jornadas de resistencia popular en el intercambiador de Cotacachi, lugar en el que fue asesinado por parte de las Fuerzas Armadas el compañero Efraín Fueres el 28 de septiembre de 2025. El pueblo respondió de inmediato: organizaciones, colectivos y artistas se tomaron el espacio público y le demostraron al poder que la memoria está viva. Paralelamente, reabrieron las causas penales por ataque y resistencia a los 12 de Otavalo. Un fiscal de la provincia de Carchi, "recibiendo órdenes". Recordemos cómo se naturaliza la banalidad del mal.
Como campo popular nos enfrentamos a un imperio en decadencia, desesperado por sostenerse en la carrera por la producción y la energía contra China. Organizarnos y generar articulaciones es ahora fundamental. Nos corresponde a todxs la responsabilidad de construir condiciones para que como clase, podamos continuar la vida, digna y de justicia.
No pasarán.
