Nepotismo burgués y corrupción estructural

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Lunes 15 de Junio de 2020

Durante las ultimas semanas hemos vuelto a presenciar el desfalco ilimitado que vive el Ecuador por parte de sus élites políticas actuales -y no tan actuales-, y el manejo, cual hacienda, de las funciones y competencias del Estado. A causa del nepotismo estructural y la malversación de fondos públicos, tan características del Estado burgués, se multiplican las autodenuncias del gobierno en contra de sus propios acólitos. En medio de una pandemia en la que priman los recortes, las privatizaciones, los despidos masivos y los escándalos por sobreprecios en contratos de toda índole, las élites que bordean los círculos cercanos al Gobierno comienzan una pugna interna por el poder político ante las elecciones de 2021.

Los casos más notables envuelven a la oligarquía guayaquileña, un claro guiño de ojos  hacia el alcalde capitalino, Jorge Yunda por el nombramiento a su hermana como Presidenta del Patronato San José; y la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón por sobreprecios en adquisiciones de indumentaria médica. Adicional y escandalosamente, el expresidente Bucarám era detenido el 3 de junio por supuesto tráfico de influencias en la compra de medicamentos en plena pandemia por Covid-19. El mismo, al ser escoltado después de un allanamiento a su domicilio en Guayaquil, gritaba: “¿Me voy a defender de qué? Viva la patria”.

El populismo arribista y los intereses de la oligarquía, después de una época de beneplácito en la apropiación de recursos y funciones del Estado, pretenden deslindarse de la mano que le dio de comer estos últimos tres años. Realmente, los funcionarios cercanos al PRE cooptaron posiciones dentro del aparato del Estado desde que Bucaram fuera presidente por seis meses en 1996. La partidocracia nunca desapareció, pero sí se reafimó la cooperación en beneficio mutuo con el actual gobierno.

Así mismo, la Fiscalía pasó a emitir órdenes de captura en contra de Michel Bucaram, su hermano Dalo Bucaram y su esposa, la exasambleista Gabriela Pazmiño. Dalo Bucaram y Pazmiño se encuentran en Miami, EE.UU. Toda esta trama se destapa al mismo tiempo que, el pasado 8 de junio, una avioneta privada a nombre de Alfredo Adum Zaide, amigo personal de Abdalá Bucaram y exmbiembro del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), se accidentara en la frontera peruana con Daniel Salcedo y 15 millones de dólares a bordo.

El joven empresario guayaquileño de 32 años de edad, el cual según Juan Sebastián Roldán se encuentra en el negocio de indumentaria médica desde los doce años, ya había sido vinculado en el delito de fraude procesal referente sobreprecios en la adquisición de fundas para cadáveres para el Hospital de Los Ceibos a inicios de mayo. Salcedo se encuentra fuertemente custodiado en un hospital de Guayaquil después de haber sido deportado de vuelta al país y presuntamente haber dado positivo por Covid-19, frente a un peligro inminente en contra de su integridad física. Este será interrogado cuando su condición lo permita respecto a los acontecimientos que lo incriminan.

Simultáneamente, el expresidente Bucaram aparentaba iniciar una  precampaña como candidato presidencial con denuncias frontales en contra del gobierno actual. El 12 de junio, anunciaba por Twitter que el General Molina, imputado por la desaparición y asesinato de los hermanos Restrepo en 1988, era tío abuelo de la actual Ministra de Gobierno, María Paula Romo. Entre otras acusaciones, Bucaram también denunciaba que el gobierno de Moreno  lo había traicionado a él y su familia.

El reparto del Estado por parte del actual gobierno neoliberal, dentro del cual el clan Bucaram figura como socio beneficiario, parece comenzar a carecer de cohesión interna, ante el inminente inicio de las campañas presidenciales. Los Bucaram entraron por la puerta grande al comenzar el gobierno de Lenín Moreno: tanto Bucaram padre como hijo fueron recibidos por Moreno en el palacio presidencial en Quito. En el pasado se habría denunciado que, desde el inicio de su gobierno, Moreno habría concedido el manejo de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) al clan Bucaram.

El propio Lenín Moreno ejerció nepotismo al facilitar el nombramiento de su hija, Irina Moreno, como Consejera de la Misión Permanente de Ecuador frente a las Naciones Unidas en Nueva York. Irina renunciaba al cargo de manera “voluntaria” después de que el escándalo de tráfico de influencias permeara la opinión pública, unas semanas atrás. La hija de Moreno, con un máster en diseño de modas, cobraba más de 7.600 dólares mensuales como alta asesora política ante la ONU, con un sueldo mayor al que recibe su padre; esto obviamente sin contar los dos sueldos vitalicios que le corresponden como exvicepresidente y como presidente y ex Enviado Especial a la ONU para temas de Discapacidad.

Por supuesto, esta semana el Gobierno Nacional también se lucía en mecanismos contra el pueblo: aprobó el Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-0124, el cual facilitará el despido intempestivo y la liquidación de un número incierto de servidorxs públicxs, lxs cuales podrán ser desvinculadxs tan solo a base de un informe técnico que así lo determine. La precarización de la vida continua sin tregua, mientras que la misma sigue siendo maquillada bajo una aparente optimización de recursos.  Al tiempo, las ganancias privadas y los pactos financieros acordados con anterioridad para la consecuente privatización de las competencias del Estado burgués, siguen en marcha y con fuerza. En concordancia con lo mencionado, el actual director del IESS, Jorge Wated, anunció la semana pasada la posible concesión de hospitales y centros de salud a manos privadas bajo la misma modalidad de privatización efectuada con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). La estrategia es clara: inoperabilizar sectores estratégicos del Estado por un desfinanciamiento crónico, para un manejo por parte de representantes del sector privado para su subsecuente enajenación.

De tal manera, las élites políticas siguen rifándose cargos públicos, colocando a sus familiares y amigxs cercanxs a cargo de contratos, compras y empresas públicas, al tiempo que promueven políticas neoliberales y recortes. Todos estos casos de tráfico de influencias se encuentran intrínsecamente relacionados a las estructuras institucionales del Estado, terminando por cooptarlo y envolverlo en una interminable espiral de favores políticos y casos de corrupción y apropiación del Estado por parte de las élites económicas ecuatorianas. Esta es, lastimosamente, tan solo la punta del iceberg de la trama que envuelve a la clase oligárquica ecuatoriana en posiciones de poder en el actual gobierno. La corrupción es un elemento sistémico del Estado burgués que no se eliminará con ninguna ley o plebiscito, sino con un profundo cambio estructural en las relaciones económicas y políticas de poder.

 

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