El Gobierno del des-Encuentro
A una semana de la rotunda victoria popular del NO en el referéndum, el oficialismo aún intenta digerir el contundente golpe de rechazo que recibió a su nefasto proyecto político. El presidente se bate entre la carencia de respaldo -tanto popular como dentro de sus propias filas-, la contrariedad de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado, la cual cada vez más parece estar respirándole en la nuca por la corrupción estructural de su gobierno, ante todo el Caso Encuentro. Guillermo Lasso precisa de un mínimo de estabilidad institucional para radicalizar la doctrina del shock que defiende, con austeridad, privatización y recortes. Su propio estandarte parece estarle cayendo encima.
El triunfo del NO en la Consulta Popular el pasado 5 de febrero, representa también un rechazo colectivo al proyecto neoliberal liderado por Lasso, y un baldazo de agua fría al sector más conservador y de ultra derecha del país, que no tardó en sostener la tesis del fraude. La derecha desconoce la validez de la democracia burguesa –su propio mecanismo- en el momento en que no le es servil a sus intereses, una contradicción inherente a su clase, siempre dispuesta a atropellar la voluntad popular, así sea a costa de traicionar uno de sus supuestos principios elementales. La polarización política se ha ido agudizando en la totalidad de la sociedad, evidenciando la lucha de clases y por lo tanto obligando a que las personas adopten una u otra subjetividad política. Se constituye un momento histórico que demanda un posicionamiento cada vez más definido de todas las partes involucradas en el proceso político, y que inevitablemente generará una progresiva organización, tanto desde los sectores populares, como desde la ultra derecha nacional.
Mientras un sector de la burguesía celebra el declive de Lasso, otra parte intenta deslegitimar los resultados de la Consulta Popular, en un acto que demuestra lo siguiente: 1. Que les es inaceptable reconocer que los sectores populares tengan memoria, y 2. Que están dispuestos a cualquier cosa con tal de no perder el poder que ostentan en este momento. Arrebatarle al pueblo su victoria resulta injustificable.
La posición oficial del Gobierno del Encuentro fue el llamado a un “gran acuerdo nacional”, apelando a la unión y el trabajo conjunto, así como el reconocimiento de los resultados. Todos los actores políticos respondieron de forma negativa al llamado. Para el Gobierno Nacional, en pocos días el NO pasó de ser representativo del narco y el anti patriotismo, a ser una expresión legítima del pueblo. Es innegable el resquebrajamiento del proyecto de gobierno, que si bien ha desinstitucionalizado al Estado y encaminado a varios sectores estratégicos a la privatización, no ha logrado materializar parte importante de las reformas fundamentales para la cimentación completa del proyecto neoliberal, como la ley de inversiones, la reforma laboral y los tratados de libre comercio o el ingreso a la Alianza del Pacífico. La embajada de los Estados Unidos pasó los últimos 20 años posicionando un cuadro que no ha logrado ejecutar el poder como prometía, y que al contrario, ha generado que el bloque burgués entre en una disputa interna, como con el PSC, que ha preferido aliarse -una vez más- con el correísmo. Es necesario reconocer que el progresismo tendrá características mucho más conservadoras, e inclusive podría continuar el proyecto neoliberal de una manera más matizada, como actualmente en Argentina o Chile.
La negativa en el referéndum constituye una contundente victoria popular en contra del neoliberalismo, además de un voto de rechazo a la precariedad de un gobierno encabezado por uno de los mayores banqueros privados, evasor de impuestos y burgués de pancarta. El NO a la consulta no solo develo la fragilidad del bloque de poder que sostiene a la figura de Guillermo Lasso dentro de la burguesía, sino que también se evidenció una pugna inter-burguesa por el poder político dentro del entramado institucional democrático. Lasso pasó del delfín de la ultra derecha a ser una caricatura de su propia figura, arrinconado por el social-cristianismo, el progresismo y las élites comerciales, descontentas con su pésimo rendimiento en liberalizar la economía ecuatoriana. Tras casi dos años en el poder, el presidente actual parece traer más problemas que beneficios a la clase para la que gobierna. Lasso se ubica como uno de los presidentes más ampliamente repudiados del continente, con una aprobación que según su propio ideólogo de campaña, Jaime Durán Barba, es inferior al 10%.
En un intento desesperado de limpiar la imagen del gobierno, la semana pasada se sucedieron una serie de despidos y pedidos de renuncia: Iván Correa -ex Secretario de Presidencia-, Francisco Jiménez -ex Ministro de Gobierno-, Aparicio Caicedo -ex consejero de gobierno- y Leonardo Laso -ex Secretario de Comunicación- fueron cesados en sus funciones, entre otros implicados en el Caso Encuentro. Adicionalmente, María José Romo, -prima de la infame y represiva María Paula Romo- fue igualmente implicada en casos de corrupción, recibiendo presuntas sumas superiores a USD 1.000.000 por tráfico de influencias en Petroecuador. Otro implicado en el Caso Encuentro, siendo la persona con la que Romo pacta su millonaria bonificación de fondos públicos- Mauricio Guim -ex secretario particular del Procurador General del Estado-, fue aprehendido mientras huía del país por el puente de Rumichaca, el pasado 7 de febrero.
El circulo alrededor de la rifa sistemática de puestos y activos del Estado en torno al Presidente de la República se encuentra cerrando, y tal parece que esta vez ni sus acólitos en el poder, ni su clase, lo defenderán. Un gobierno que se jactaba de transparente, se ve salpicado por completo por los entramados de corrupción que se encuentran al orden del día bajo Guillermo Lasso, como de cualquier otro títere que posicionen la burguesía y el imperialismo. El Narcoestado es omnipresente.
Así mismo, Lasso ha encontrado otros mecanismos para intervenir en el sistema de justicia. El pasado 11 de febrero, la Fiscalía General del Estado ponía a conocimiento público un hecho que evidencia la intención de mediar los procesos investigativos por parte del Gobierno Nacional: el traslado temporal de la totalidad de investigadorxs de la Policía Nacional, que se encontraban trabajando activamente en casos relevantes, como los casos Encuentro, Bernal, Pandora Papers, y otros, que de una manera u otra involucran al mismo presidente Guillermo Lasso, su familia, ex subordinados del sector privado o autoridades pertenecientes al círculo de poder más cercano del gobierno. Otra de las falacias planteadas en la consulta mañosa se cae: el Gobierno del Encuentro, involucrado directamente en el crimen organizado por medio de la fuga de capitales, el lavado de activos y la corrupción, es el menos interesado en una FGE independiente y autónoma. Quedan las siguientes preguntas: ¿Cuáles serán los límites del Ejecutivo, ahora que la gobernabilidad en términos legales y democráticos se le hace imposible? ¿Cuáles serían las implicaciones de una muerte cruzada para la propia burguesía y la organización popular?
En el caso de caer la careta del supuesto combate al crimen organizado por parte del gobierno, demostrando que el mismo es una parte intrínseca de los beneficiarios de estas redes ilícitas, desaparecería su autoproclamada razón de ser, quedando sin justificación alguna la continuidad en el poder frente a la opinión pública. Una clase y un gobierno que personifican al narcotráfico y lucran de forma directa del crimen organizado, jamás se combatirán a si mismos, sino que se encuentran en el poder justamente para garantizar sus canales de negocios ilícitos. En este sentido, la fuga de capitales a paraísos fiscales, el lavado de activos por los empresarios y banqueros ecuatorianos y el crimen organizado, son complementarios y no existirían uno sin el otro. Todo este entramado permite y asegura el flujo de bienes y productos ilícitos. En definitiva, la burguesía es el crimen organizado en su más alto nivel.
