Lasso y terror de su Narcoestado
Las masacres, sean en cárceles o en plena calle- además de las ejecuciones extrajucidiales -caso Rubén Cherres- parecen reventarle en la cara al banquero-presidente. Tan sólo en la última semana sucedieron múltiples hechos violentos, que agudizan la precarización de la vida en el Ecuador, a manos del banquero presidente. Es tal la magnitud de la violencia, con la masacre a pescadores artesanales en Esmeraldas, como en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel de Loja, desmembramientos continuos en las principales ciudades, amenazas de coches bomba en mercados, centros comerciales y paradas de autobús, que Ecuador es la capital del No Futuro. El Gobierno del Encuentro, imprime su huella a fuego y sangre, evidenciando el Narcoestado que lo sostiene.
El oficialismo, que representa en su totalidad a corrientes burguesas dispuestas –y hasta ansiosas- a ejecutar un baño de sangre contra el pueblo, espera “matar a dos pájaros de un tiro” sugiriendo el libre porte de armas como solución a la situación de descontrol que azota al mundo de la vida. La burguesía bancaria en el poder, promete sostener un modelo caduco “a mano dura” -en las propias palabras de León Febres Cordero- para salvaguardar sus intereses de clase, por sobre la vida del pueblo.
Dentro de esta lógica, la militarización y el autoritarismo de Estado, se convierten en los ejes estructurantes de la renovada estrategia securitista. El enemigo interno -sinónimo del pueblo organizado- se convierte nuevamente en el chivo expiatorio para desviar la atención del verdadero problema: el crimen organizado en el centro del poder político del país. Por medio del estado de excepción, Lasso pretende reconstruir su hegemonía, caduca en el momento histórico actual, adentrándose en una alianza cívico-militar para contener a la clase trabajadora, que se organiza para resistir la imposición más cruentra del proyecto de muerte neoliberal.
El estado de excepción es utilizado en primera instancia, para consolidar el bloque de poder en torno a una acrecentada represión antipopular con fines de control social, para profundizar el modelo de acumulación capitalista, la lógica del libre mercado y su acompañante libre competencia. Para la burguesía es preciso -ante todo-, garantizar “su derecho” a la maximizar la plusvalia en sectores extractivos, estratégicos y demás demandas con lógica primario-exportadora de mercado de los centros capitalistas.
Los pedidos de la implementación de un modelo de Estado al estilo Bukele en El Salvador, parecen multiplicarse. Sin una inversión social significativa y medidas sociales que contrarresten el avance de la lógica del libre mercado, sumado a la consolidación del libre porte de armas, una mayor cantidad personas van a estar dispuestas a defender la propiedad privada por sobre la vida. Nos adentramos a un círculo vicioso indudablemente intencional, para sostener lo insostenible: el capitalismo perverso. Es evidente que en el Narcoestado los aparatos represivos están completamente permeados por el narcotráfico –y todas los ilícitos a su alrededor satélites-. El plan del banquero presidente, es fortalecer a la policía y el ejército, que solo resultaría en otorgarles más poder y herramientas para ejercer con más fuerza e impunidad el poder, a través del crimen organizado.
En este sentido y desde del inicio del Gobierno del Encuentro el 24 de mayo de 2021, se perfila un tipo de Estado burgués que contaba sin precedentes en la historia republicana del Ecuador: el Narcoestado. Con la cimentación del mismo, la burguesía ligada a los negocios ilícitos como el lavado de dinero, fuga de capitales, tráfico de influencias y hasta narcotráfico, logró la penetración absoluta de estructuras del crimen organizado en las instituciones del Estado. Así, el Ecuador no solo se convirtió en el primer país de exportación de cocaína a nivel mundial, sino que sus élites -las que se benefician directamente de este negocio- constituyeron un entramado político-mediático-institucional afín a sus intereses. En el contexto actual, todas las víctimas mortales de la guerra por el control de territorio entre mafias, todo el miedo que genera zozobra entre las personas y la creciente ola migratoria, son responsabilidad directa de la clase dominante, que de forma explícita se benefician del narcotráfico y de los ejércitos privados del crimen organizado.
En medio de este entramado, el Estado ecuatoriano implementa una política de exterminio a como política de Estado, misma que se refleja tanto en el trato al pueblo, y se agudiza para las Personas Privadas de Libertad -PPL-. La burguesía impone una estrategia de limpieza social contra personas criminalizadas, condenándolas a una muerte violenta en la mayoría de los casos. Entre 2022 y 2023, al menos 450 PPL fueron asesinadas: sus vidas se encontraban en custodia del Estado y este mismo, por sus propios medios, procuró su eliminación. Este es el Ecuador del Encuentro, el de la banca, el de las oportunidades. Según el presidente, si no somos Dubai, es porque no queremos.
La política de exterminio popular practicada por el oficialismo denota una nueva forma de ejercer poder, desde una perspectiva de dos Estados, que ahora son quienes comparte el monopolio de la violencia, controlan territorio y administran juntos los negocios de la burguesía: el Narcoestado. Este es, en definitiva, el elemento característico del Narcoestado: imponer el libre mercado por la vía legal o ilegal, pero siempre en beneficio de la clase burguesa. Mientras el territorio se reparte de acuerdo al grado de influencia del cartel en cuestión, en el Estado se rifan nombramientos. Para Lasso y su gobierno criminal, “quien nada debe nada teme”, que en este contexto representan la mismo lógica pérfida de “el pobre es pobre porque quiere”. Para el gobierno del encuentro lxs asesinadxs por el Narcoestado en el Ecuador, “se lo merecían”.
El terror –la pedagogía de la crueldad- del Narcoestado como mecanismo de control y dominación social, se devela como el instrumento central para sostenimiento del poder burgués en la actualidad, acompañado por la radicalización de la persecución y el criminalización de la organización popular. El 14 de abril, 3 de lxs 9 militantes guevaristas criminalizadxs, fueron condenadxs a penas que alcanzan hasta los 16 años de privación de libertad y multas de hasta 130 mil dólares, en un proceso plagado de irregularidades formales y de procedimiento. Esta condena tiene el objetivo de ser ejemplar, con la intención de criminalizar el legítimo derecho al libre pensamiento, a la militancia política y a la protesta. El anticomunismo es invocado con desesperación por la clase dominante, en un intento de perseguir, reprimir, amedrentar y exterminar a la organización popular. Digna de sus paralelas históricas con los momentos más turbios del nefasto social cristianismo de León Febres Cordero.
Ante una evidente reconfiguración del ejercicio de poder por parte de la burguesía, por medio de su mutación hacia el Narcoestado, la clase trabajadora precisa acelerar todos los procesos de organización popular, para el sostenimiento colectivo de la vida y en resistencia al capitalismo canibal. Si la clase explotadora impone el “todxs contra todxs”, debemos contraponer el “o todxs o nadie”. Únicamente construyendo el Poder Popular Plurinacional se podrá hacer frente a la política de exterminio impuesta por el Narcoestado, representado por el Gobierno del Encuentro.
