En los estados de excepción, se vale todo
El ambiente que se vive en Ecuador es el resultado de una receta neoliberal que se estaba cocinando durante mucho tiempo hasta que logró encontrar su asidero en el gobierno actual. De esta manera, bajo pactos y sin mucha discusión, volvió el FMI a regir la agenda de gobierno y mover las fichas de juego. Seguir los pasos de esta receta supone aceptar una serie de condiciones, entre ellas: legitimar el discurso securitista estatal para una “gobernanza” sin confrontación, sin debate, para implantar el miedo. Es por eso que en este contexto, el derecho penal se usa como herramienta de persecución, en un sistema marcado por el rigor punitivo y la rebaja de las barreras de afectación de las garantías fundamentales a través del ingrediente clave: la declaratoria de los estados de excepción, como el comodín de un gobierno nefasto que improvisa, mientras se codea con quienes realmente manejan los hilos de este circo político, entre ellos, su buen amigo Nebot y a nivel internacional los dueños del patio trasero.
Sin duda, las declaratorias de estos personajes en improvisadas ruedas de prensa, son ley en un país impulsivo que se mueve por la explosión de emociones desde la comunicación política y que no va más allá de la dicotomía correísmo-anticorreísmo. Por lo planteado, a más de un mes de la declaratoria del estado de excepción en Imbabura y una vez que culminó el plazo del estado de excepción en el Sistema de Rehabilitación Social (SRS), es importante analizar cuán efectivas son estas medidas y que hay atrás de ellas.
Para empezar, la declaratoria de un estado de excepción debe darse en observancia a los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Además, el decreto que contenga dicha declaratoria deberá presentar una motivación suficiente que justifique la medida, de acuerdo a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Cabe recalcar, que una vez hecha la declaratoria del estado de excepción del SRS, se instó a que las Fuerzas Armadas trabajen junto con la Policía Nacional para atender la crisis penitenciaria. Ahora, al culminar el plazo se identifica que no se resolvió nada: no se disminuyeron las muertes, los ataques violentos y motines dentro de los CRS, la tortura y humillación por parte de agentes estatales continúa, los servicios básicos son precarios, los filtros de seguridad no son eficientes, las noticias de lo que se vive en los CRS se transmiten por videos desde celulares de las personas privadas de libertad. Así también, al limitar derechos como la salud, la alimentación, el agua, esenciales para sobrevivir, dentro de un contexto de hacinamiento y olvido, es justo preguntarse ¿El sistema de rehabilitación social cumple con su fin? ¿La declaratoria tuvo sentido y motivación suficiente? Ya lo olvidamos, pues de acuerdo a la Ministra del Interior María Paula Romo la presencia de ISIS en el país es ahora un asunto prioritario y se necesita una reforma urgente a la Ley de Movilidad Humana, una vez más cambiamos la página.
Ahora bien, en cuanto a la declaratoria del estado de excepción en Imbabura, la cuestión no varía, si bien la minería ilegal lleva años en el país y es síntoma del olvido estatal en sectores como Buenos Aires, se deben respetar protocolos mínimos para intervenir en un lugar tan complejo, así como para iniciar procesos de requisas y desalojos. De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo sobre el estado de excepción decretado en la parroquia de Buenos Aires, a varias personas se les decomisó dinero y sus pertenencias durante la intervención, sin brindarles mayor información[1].
Después, se identifica que la preocupación estatal radica en tener plena libertad para llevar a cabo proyectos mineros a gran escala en ese sector, sin ningún tipo de consulta ni participación, eso también es minería ilegal socapada, pues en Imbabura se encuentra la mina subterránea de plata más grande del mundo, la tercera de oro y sexta de cobre en el ranking global. Ante lo cual, multinacionales como SolGold se mantienen ansiosas por iniciar la siguiente fase del proyecto Cascabel, a pesar de que en el mes de abril del año en curso, Imbabura fue declarada “Geoparque Mundial” por la UNESCO[2]. Una vez más, el discurso de “la minería va porque va” supera a nuestra Constitución, a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza, mientras las cifras “multimillonarias” de la minería también se esfuman. Entonces ¿La declaratoria tuvo sentido y motivación suficiente?
Finalmente, se identifican elementos en común en las declaratorias mencionadas tales como: la relación entre control de recursos naturales con militarización y punitivismo, pues se persigue la minería ilegal pero se aplaude la devastación de la minería a gran escala en páramos, selvas vírgenes, geoparques, etc. Sin duda, el presidente amazónico, su amigo Nebot y los mensajeros de la paz mundial con su doctrina de seguridad, acuerdan desde el escritorio el destino de un país que se desangra. Aquí, los defensores de derechos humanos son estigmatizados, los extranjeros criminalizados y la naturaleza saqueada, mientras crece una cortina de humo para reforzar la receta del FMI.
Si los estados de excepción denotan un sistema quebrado y en crisis, es momento de despertar del sueño enajenado. Como dijo Yayo Herrero, “no hay que confundir los datos con la catástrofe ... la realidad hay que mirarla cara a cara. Y la catástrofe es no hacer nada ante esa realidad”[3]. Un gobierno que miente, persigue, que no respeta el debido proceso, los derechos humanos, la naturaleza, que premia el abuso policial, que en su discurso incita al odio y a la violencia, hace que la justicia por mano propia se considere una opción, ante esto queda por decir: si no reaccionamos, aquí se vale todo.
Referencias:
DPE. “En Imbabura la Defensoría del Pueblo activa acciones inmediatas antes estado de excepción decretado en la parroquia Buenos Aires”. 4 de julio de 2019. https://www.dpe.gob.ec/en-imbabura-la-defensoria-del-pueblo-activa-acciones-inmediatas-ante-estado-de-excepcion-decretado-en-la-parroquia-buenos-aires/.
Herrero, Yayo. “No se puede hablar de ecologismo ni de feminismo sin hablar de lucha de clases”. Mundo obrero. 5 de marzo de 2019.
[1] DPE, “En Imbabura la Defensoría del Pueblo activa acciones inmediatas antes estado de excepción decretado en la parroquia Buenos Aires”, 4 de julio de 2019, párr. 4, https://www.dpe.gob.ec/en-imbabura-la-defensoria-del-pueblo-activa-acciones-inmediatas-ante-estado-de-excepcion-decretado-en-la-parroquia-buenos-aires/.
[2] Un geoparque es aquel que guarda la memoria histórica de aproximadamente 4.600 millones de años del planeta Tierra y de los acontecimientos geológicos que le dieron forma, la evolución de la humanidad misma. Además, los geoparques muestran la evidencia de los cambios climáticos en el pasado y ayudan a preparar a las comunidades para enfrentar riesgos tales como terremotos y erupciones volcánicas.
[3] Yayo Herrero, “No se puede hablar de ecologismo ni de feminismo sin hablar de lucha de clases”, Mundo obrero, 5 de marzo de 2019, 29.
