¿Se viene el jaque mate al presidente?
La grave y profunda crisis institucional que atraviesa la democracia burguesa ecuatoriana, parece acercarse cada vez más a su propio abismo. El conflicto entre un presidente impugnado por un poder legislativo igual de desprestigiado, y una justicia politizada, enmarca los límites del juego democrático. Por su parte, las élites políticas defienden un supuesto espíritu democrático cuando este les conviene, acusando a la burguesía progresista de golpista por promover el juicio político. Una vez más, la pugna interburguesa evidencia el fraccionamiento interno de la clase dominante, además de su característico oportunismo político.
De prosperar el trámite a juicio político, dos escenarios se vuelven posibles en la Asamblea Nacional: para una posible destitución se necesitaría una votación de dos terceras partes a favor -92 en total-, o bien podría darse un archivo del juicio, que indicaría un frontal y directo intercambio de favores. En el caso de llegar hasta esta instancia, toda la clase burguesa en el poder se tendrá que confrontar con su propia responsabilidad política en la constitución de un Narcoestado en el Ecuador. Cuando la violencia en contra del pueblo desborda cualquier posibilidad de vida digna, la migración vuelve a ser el último recurso de desesperación. El Ecuador vuelve a ser internacionalmente conocido como el país de origen del mayor éxodo popular en todo el continente.
Por su parte, existen sectores del progresismo que apoyan abiertamente la permanencia del desprestigiado presidente -como el alcalde electo Aquiles Álvarez-, es pos de supuestamente favorecer a una supuesta estabilidad democrática, cuando la realidad evidencia que la cúpula política se encuentra embarrada de corrupción, canales turbios de financiamiento y venta de cargos. Ante una posible vuelta del correísmo al centro del poder político, este se muestra cada vez más desenmarcado de los intereses de clase que supuestamente dice defender, evidenciando una clara pertenencia a la clase dominante, tanto en el sentido ideológico como económico. Para la clase burguesa, su democracia es solo para enriquecer sus bolsillos privados con dineros públicos y activos del Estado, democracia para lavar dinero del crimen organizado -su socio de clase por excelencia-, democracia para imponer con violencia el dictado de mercado: libre competencia o muerte.
En la noche del pasado 18 de marzo, Guillermo Lasso declaraba estado de excepción a nivel nacional, a causa del terremoto que sacudió a varias provincias del país, y por las fuertes lluvias que han generado aluviones, deslaves y la destrucción de puentes y carreteras. Sin lugar a dudas la situación de millones de familias a nivel nacional se ha visto desmejorada o gravemente afectada por el temporal y el terremoto, sin embargo, el gobierno del encuentro no ha demostrado mayor agencia en aliviar y socorrer a las familias damnificadas, siendo los gobiernos locales quienes han asumido parte de las reparaciones y rescates, pero sobre todo ha sido la gestión comunitaria y colectiva de las poblaciones, quienes han logrado sostener la vida y socorrer a vecinos y vecinas afectadas. El papel del Gobierno Nacional se ha limitado por una parte a ser decorativo, y por otra parte a intentar anclarse de la desgracia del pueblo como argumento en contra del juicio político, apelando a una desestabilización supuestamente inapropiada con respecto al mal tiempo que atraviesa el país.
Por su parte Lasso se ha dedicado a apalancarse del respaldo de figuretines de la burguesía y oligarquía nacional para intentar posicionar su gestión como aceptable, a pesar de evidenciarse como la peor gestión del Estado en las últimas décadas. Definitivamente el cuadro predilecto de la burguesía resultó inoperante, inclusive en los marcos deplorables del neoliberalismo. El aparataje de comunicación estatal intenta colocar a la figura de Lasso como libre de toda culpa o responsabilidad frente a la institucionalización del narcoestado en el Ecuador. La burguesía en el centro del poder político aun piensa que el pueblo y la clase trabajadora tienen nula capacidad crítica y reflexiva, pero no puede estar más equivocada. La precarización de la vida se ha agudizado gravemente y en múltiples dimensiones durante el mal gobierno del banquero presidente, y la clase trabajadora tiene claros los rostros de sus verdugos.
En este sentido, la declaratoria de estado de excepción a nivel nacional le permite al gobierno cierto margen de maniobra en el momento más álgido de su periodo, justamente a pocos días de presentados los papeles de solicitud de juicio político en contra de Guillermo Lasso, mismo que ya fue aprobado por el CAL del Legislativo. El proceso de juicio político que responsabiliza directamente al Presidente de la Republica de crímenes en contra del Estado, depende ahora del dictamen favorable de la Corte Constitucional para ejecutarse o negativo para archivarse. De cualquier manera, la realidad material del pueblo y la clase trabajadora se encuentra en una condición extrema, que definitivamente no tolerará los ires y venires de la política real. La tensión poco a poco se agudiza.
En la misma lógica, los diversos sectores de la burguesía apelan a una versión tergiversada de la democracia, acusando a la organización popular de golpista y antidemocrática, deslegitimando mecanismos y derechos consagrados en la Constitución de la República, como son la protesta social, la revocatoria de mandato o la destitución de funciones. Es evidente que la burguesía es la primera en atentar en contra de su preciada democracia cuando ya no le es servil a sus intereses de clase. La única narcopolítica se encuentra en el centro del poder político del Estado, y es la misma burguesía.
Frente a la cortina de humo que despliega una vez más el Gobierno Nacional, construyendo la falaz imagen de una supuesta cercanía con el pueblo, utilizando maniqueamente el terremoto y las torrenciales lluvias. La estrategia del oficialismo intenta distraer a la opinión pública del deplorable estado moral del gobierno. Ni la movilización del presidente a las zonas afectadas, ni espurias promesas de reconstrucción que se desvanecerán tan pronto como las autoridades hayan desaparecido de la mira pública, podrán borrar la verdadera cara del Gobierno del Encuentro: libre mercado, Narcoestado, lavado de activos como de imagen y la pugna interburguesa.
Mientras las élites políticas se vanaglorian por la supuesta defensa de su democracia –en la que ni siquiera su propia clase cree-, la defensa de lo indefendible lleva a un sector de la burguesía a caer cada vez mas bajo. La única forma de superar categóricamente al dictado de la burguesía, es construyendo una democracia popular, desde el seno de la clase trabajadora. Por la organización popular anticapitalista.
