Lasso se subyuga a las transnacionales firmando con el CIADI

Guillermo Lasso subyuga al Ecuador a la merced de las transnacionales. Después de 12 años de ausencia del Centro de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones –CIADI-, el Estado ecuatoriano retorna al principal organismo en materia de arbitraje entre empresas  multinacionales y Estados “soberanos”. Esta decisión del gobierno neoliberal de Guillermo Lasso es una subordinación directa a los organismos multilaterales de crédito y comercio, siendo el CIADI uno de los organismos del Grupo Banco Mundial, cuerpo del sistema global de control financiero y comercial, presidido por las naciones imperialistas del Norte. El convenio CIADI fue firmado en Washington por la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, el pasado 21 de junio.

El plan del Gobierno Nacional se plantea desde la falacia de que el Ecuador sea “competitivo para los negocios” y se enmarque en los preceptos del libre comercio, respondiendo al fundamentalismo de mercado, como mandato sublime del flamante gobierno oligárquico. Según esta lógica, “la mano invisible” del libre mercado, regularía por sí sola los mecanismos, instrumentos y elementos para su funcionamiento ideal, por fuera de cualquier control, legitimidad y jurisdicción nacional. A lo largo del proceso de retorno al CIADI, las élites económicas enquistadas en el centro del poder político, parecen obviar el marco legal respectivo.

Con el retorno al tribunal de arbitraje del CIADI, Ecuador volverá a ser demandado como Estado por empresas multinacionales que operen en el país y sientan vulnerados sus derechos contractuales. La vuelta al CIADI podría ser la premonición de la agresiva ruta de apertura y liberalización económica y comercial, que pretende imponer el gobierno del banquero Lasso. Esto solo puede favorecer a los grupos de poder empresariales ligados a la importación de productos, y las empresas transnacionales depredadoras de recursos. La subyugación al CIADI también parece ser un requisito para ingresar a la Alianza del Pacífico, ya que la firma de TLCs únicamente se da con Estados pertenecientes al centro de arbitraje.

El 30 de junio, un dictamen de la Corte Constitucional sorteó la aprobación previa de la Asamblea Nacional –AN-. Como principio constitucional, todos los tratados bilaterales o multilaterales tienen que pasar por la aprobación de la AN. Sin embargo la Corte Constitucional dictaminó que el retorno al CIADI no requiere de aprobación legislativa, aun cuando este centro de arbitraje es un organismo del Grupo Banco Mundial, el cual entra dentro de los marcos legales constitucionales contemplados para acuerdos bilaterales, tratados de libre comercio, acuerdos con entidades internacionales y empresas multinacionales.

De haberse dado el procedimiento adecuado, el presidente Guillermo Lasso debía noticiar con inmediatez cualquier acuerdo, para que la Asamblea Nacional ratifique o denuncie el mismo. Como dictan los artículos 120 (inciso 8) y especialmente el artículo 419: “La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos de: 5.- Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales; 6.- Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio”.

En este sentido, la misma constitución claramente dicta lo siguiente en el artículo 422: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales, en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. Consiguientemente, es anticonstitucional ceder jurisdicción o prorrogar jurisdicción a favor de tribunales internacionales, por lo cual se pude recurrir a pedidos de inconstitucionalidad. Se han dado varios pronunciamientos a favor desde los distintos gremios empresariales, y varias advertencias desde los movimientos sociales, acerca de la gravedad de la vuelta del Ecuador al CIADI.

Sin embargo, en la sesión plenaria no. 713, el pasado 2 de julio la Asamblea Nacional dio preferencia a tratar el posible juicio político a Pablo Celi, que discutir la vuelta del Ecuador al centro. En la asamblea no se dio paso al cambio del orden del día para tratar la vuelta al organismo de arbitraje. Leonidas Iza, nuevo presidente de la CONAIE, exhortaba a su bloque legislativo a actuar con consecuencia, así como la bancada de UNES ya hacía la advertencia correspondiente frente a la presunta inconstitucionalidad del acuerdo.

Existen dos ejercicios necesarios para evaluar este nuevo acuerdo. El primero desde la constitucionalidad, que demanda y protege la soberanía jurídica del país, y un segundo ejercicio de memoria. Cuando el Ecuador aún era parte de este centro, no solo se dio la demanda de Occidental contra el Estado, perjudicando a este último por más de 1.061 millones de dólares, cifra histórica. Sino porque la decisión de romper las relaciones con el CIADI, se dio principalmente cuando se evaluó al sistema de protección de inversiones como violatorio de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.

La gran mayoría de demandas se dieron entre el 2002 y 2006, por petroleras, a causa de la modificación al Decreto Ejecutivo 1672 al Reglamento Aplicación de Ley 42 Reformatoria a Ley de Hidrocarburos, el 3 de diciembre de 2008. La modificación plantea que el 99% de los ingresos extraordinarios de empresas petroleras privadas se destine al Estado, ya que este, también por principio constitucional, es propietario del recurso. Representando uno de los ejercicios de soberanía y dignidad más importantes en la historia de país.

El retorno al CIADI representa un claro retroceso en términos de soberanía para el Ecuador, que se suscribe a una institución que evidentemente prima los intereses de las transnacionales por encima de los intereses nacionales y en prejuicio directo de estos últimos. La gravedad de que el Ejecutivo y la Corte Constitucional se salten pasos legislativos para la ejecución de acuerdos, recae en la paulatina precarización de la vida del pueblo, y en las afectaciones a medianas y pequeñas empresas nacionales, favoreciendo cada vez más a la inversión extranjera, supuestamente adecuada y favorable para la economía ecuatoriana.

Es pertinente recordar que -en términos históricos- la inversión extrajera nunca fue el motor de desarrollo de ningún país, ni del Sur ni tampoco del Norte. Los países que actualmente se  consideran “desarrollados”, aplicaron estrictas medidas proteccionistas frente a industrias extranjeras por periodos de tiempo prolongados y sostenidos, impulsando el consumo y la producción nacional. Por medio del proteccionismo, la economía china se convirtió en el nuevo imperio global en términos comerciales. Una vez más, en el gobierno oligárquico, el que pierde es el pueblo, mientras las élites políticas y económicas sirven de fieles cómplices del imperialismo.