Hay plata para lxs chapas pero no para el pueblo

No causa sorpresa que las políticas de ajuste neoliberal, emprendidas de manera agresiva por el gobierno nacional, desemboquen en buena medida en la profunda crisis económica política y social por la cual nos encontramos atravesando como país.

Las políticas de austeridad, receta de nuestro amigo, aliado y amo -el Fondo Monetario Internacional- agudizan aún más el panorama económico, ya de por sí inestable: el neoliberalismo es la obscena alegoría del fracaso que nos venden como salida.

Solo por citar un par de cifras: en diciembre de 2016, el porcentaje de pobreza en el Ecuador era del 22,01% del total de la población; para diciembre del 2019, el porcentaje se había elevado al 25%. Esto significa que en el país 500 mil personas adicionales cayeron bajo el umbral de la pobreza, que -sumados a los 3 millones 740 mil que ya existían- suman un total de 4 millones 250 mil personas que subsisten con ingresos menores a 87$ mensuales.

Así mismo para septiembre del 2019, la tasa de desempleo en el país era de 4.9%, y la taza de empleo adecuado era de 38,5%, mientras el subempleo se ubicó en 19,7%; la tasa de empleo no pleno fue de 25,9%. Estas cifras nos ofrecen un panorama del cual podríamos extraer varias conclusiones. Entre las más inmediatas, se puede afirmar que más de la mitad de la población económicamente activa no tiene un empelo digno ni condiciones laborales justas. Otra conclusión apunta a que entre marzo de 2018 y marzo de 2019 se sumaron a la masa de desempleados cerca de 300 mil personas, las cuales se quedaron “sin camello”. Quizá entre esta masa de personas se encuentren varixs ex empeladxs estatales, trabajadorxs de empresas y ministerios que el gobierno decidió recortar con la justificación de la optimización de recursos.

En el marco de los planes y las recetas de austeridad, se incluye, cómo no, el recorte de recursos destinados a las áreas prioritarias de atención social, cómo salud, educación, cultura, prevención de la violencia de genero, etc.

Por ejemplo, a partir del 2017, el recorte presupuestario en el área educativa se ha focalizado en reducir sistemáticamente los presupuestos de las universidades públicas del país, en algunos casos tachando hasta un 15% del total de sus presupuestos.

Otro de los sectores afectados, como mencionábamos es el de la salud, para el cuál están destinados $3.888,71 millones en el 2020, mientras que el presupuesto para este sector en el 2019 fue de USD$ 3.969,82 millones. Finalmente hay una disminución presupuestaria de 81 millones de dólares.

Lo grotesco de la austeridad no es el que sea aplicada, sino más bien la hipocresía de quienes la pregonan. Aquel discurso que argumenta que gastamos demasiado en los sueldos de lxs burócratas es completamente unilateral y engañoso. ¿Por qué esta aseveración? Sencillo: masas de trabajadorxs fueron despedidas de las empresas públicas para ahorrarle al Estado el pago de esos sueldos. Mientras en el caso de la presidencia, el monto presupuestario asignado crece por el aumento de salarios. En 2019 se asignaron USD 10,8 millones a sueldos y en el 2020 se destinarán USD 16 millones. El gasto para bienes y servicios de consumo, que corresponde a gastos referentes a ámbitos como el arriendo de vivienda y el pago de servicios básicos, también crece y pasa de 4,04 millones a 21 millones de dólares. Ante todo esto, es preciso preguntar: ¿Austeridad para quién?

Lo importante en todo caso a la hora de jugar con los números y los presupuestos es tener presente que: lo que se quita de un lado, terminará destinándose a otro. Mientras sectores como la salud, la educación y la cultura son relegados al margen de las prioridades económicas del país, instituciones como las FF.AA. y la Policía Nacional, son las consentidas del Estado como no podría ser de otra manera.

Sólo en los dos últimos años el país invirtió un total de 355 millones de dólares en modernizar las FF.AA. Esta cifra se encuentra por fuera del presupuesto ya asignado en 2018 y 2019 a la institución castrense. Así mismo, se estima que el país tiene un gasto anual promedio de 2,37% de su PIB en el mejoramiento de las capacidades operativas de las fuerzas armadas.

En cuanto a la Policía Nacional, se estima que el gasto anual en equipos y manutención de la institución –en el cual se incluyen sueldos, beneficios laborales y sociales, salud, y demás fueros- bordea la cifra de 1.350 millones de dólares. A esto se suma el reciente ofrecimiento del presidente Moreno de entregar 50 millones de dólares adicionales a la institución policial para la compra de armas de dotación.

No hace falta ser analista matemáticx o estratega políticx para evidenciar que el gasto en seguridad se ha elevado, así como el nivel de preparación de las fuerzas del orden para enfrentar la inseguridad.

No sería sin embargo justo precisar que, si las instituciones armadas del Estado cumpliesen con su rol de “servir y proteger” a lxs ciudadanxs, cualquier gasto en época de austeridad sería “bien visto”. No resulta ser un secreto que la razón de existencia de estas instituciones es servir y proteger a lxs dueñxs de la patria, para mantener el status quo. En tiempos de crisis, con un gobierno debilitado y una sociedad que demostró estar organizada y en firme oposición – recordemos el paro de octubre- ante los atropellos, resulta ser no sólo una necesidad sino una cuestión de supervivencia el equipar, alimentar y entrenar bien a los buenxs súbditxs que defienden lo indefendible.

Referencia fotográfica:

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