Nuevo estado de excepción en manos de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional determinará mediante Dictamen si el Decreto presidencial No. 1074 sobre la declaratoria de un nuevo estado de excepción es constitucional o no.
Ante esto, es importante señalar que el Decreto justifica el estado de excepción porque se mantiene la causal de calamidad pública por la permanencia del virus en el país y el aumento de contagios. Además, pretende que se viabilicen medidas económicas que golpean a la clase trabajadora con el pretexto de la emergencia sanitaria en el marco de la agenda neoliberal que ha venido implementando el Gobierno los últimos 3 años.
A pesar de que en mayo la Corte Constitucional instó al gobierno a iniciar acciones para volver al régimen constitucional ordinario, nada se ha cumplido: no se transparentó la información de su gestión, se mantiene la desprotección para los trabajadores y servidores públicos que se encuentran en primera línea, se ha incrementado la vulnerabilidad de los grupos históricamente discriminados, mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos y nacionalidades, personas en situación de movilidad y calle, vendedores ambulantes, continúa el hostigamiento a medios de comunicación alternativos y comunitarios, militantes populares, aumentan los despidos y recortes, y se reprime la protesta social; por citar solo unos ejemplos.
El Gobierno bajo esta figura ha intentado ocultar su ineficiente actuación, no sólo durante la emergencia, sino de toda su gestión; implementar las medidas económicas que el pueblo rechazó en octubre, camufladas bajo el discurso de “crisis sanitaria” o de “arrimar el hombro”. Ecuador es uno de los países que peor ha manejado la pandemia, lo cual no es casualidad o mala suerte, es producto del constante debilitamiento del Estado, principalmente de los recortes presupuestarios a la salud, a la educación y al trabajo.
El miedo a perder el trabajo inmoviliza a la población, la obliga a aceptar migajas y explotación, mientras que el miedo al virus, normaliza la militarización y la violencia policial. Si se exige una “nueva normalidad”, esta debe ser pensada en base a las exigencias de la clase trabajadora, más no como máquinas de producción desechables en caso de contagio.
Dar luz verde a un nuevo estado de excepción que no tiene justificación, que no es proporcional, que normaliza la militarización y la precarización laboral, es avalar el desangramiento de un pueblo hasta su muerte.
