Banana Republic 2.0: entre la cooptación, el militarismo y el autoritarismo
El pasado 24 de mayo se posicionó por un segundo periodo el hacendado presidente Daniel Noboa: un niño rico que no trabajó un solo día de su vida -heredero del magnate más famoso del país-, vinculado irrefutablemente al crimen organizado, que va desde la persecución con paramilitares a los trabajadores de sus haciendas bananeras por el “crimen” de organizarse, hasta implicaciones aceptadas por él mismo con el tráfico de cocaína.
Marido violento, involucrado en casos de nepotismo como en el de los desayunos escolares con la empresa El Ordeño de su tía Isabel Noboa, el caso Petronoboa -con su hermanito menor-, o los permisos ambientales para el complejo inmobiliario de lujo en Olón -con su esposa Lavinia como inversionista-, y como cereza del pastel, sionista sanguinario en alianza con aparatos de inteligencia como Palantir y mercenarios como Blackwater. ¿Qué más podíamos pedirle a la ultraderecha? Nada. Nos han enviado a su mejor delfín.
Como antecedente a lo que será su mal gobierno, no solo están los 18 meses de extrema violencia estatal con decenas de casos de desapariciones forzadas -al menos 40 registradas por organizaciones de Derechos Humanos-, ejecuciones extrajudiciales y demás abusos como la tortura, 14 horas sin luz o nepotismo a diestra y siniestra.
Adicionalmente se encuentra ya aprobado para primer debate por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley presentada como económica urgente “contra la economía criminal”. Este proyecto de ley -como se ha denunciado ampliamente-, promueve principalmente el terrorismo de Estado, generando una institucionalización de la impunidad de las fuerzas represivas, anulando el Estado de derecho -al eliminar instancias judiciales para realizar apresamientos, incautaciones y allanamientos a personas y organizaciones-, y apelando una vez más al estado de guerra interna, que la misma burguesía ha orquestado para generar consenso y ocultar sus implicaciones en el crimen organizado.
Oh sorpresa: simultáneamente inicia la persecución a todas las organizaciones populares, movimientos e instituciones democráticas en el país. En efecto, los allanamientos no se están realizando con órdenes judiciales ni bajo debido proceso, sino bajo los preceptos del abuso de poder y el ejercicio de la violencia.
En efecto, la madrugada del 28 de mayo de 2025 -a las 03h30-, a 4 días de la posesión presidencial y 9 días de enviado el proyecto de ley “contra la economía criminal”, la Policía Nacional se tomaba la sede de la FICSH sin orden judicial y con armas de alto calibre. El operativo se realizó con decenas de agentes policiales. Este caso evidencia una vez más la alianza entre las corporaciones privadas y Estado: el objetivo de tomarse la sede de la FICSH es desconocer la presidencia legítima de Domingo Ankuash, quien fue elegido en congreso después de que se destituyera a David Tankamash por traición a su mandato y a la nacionalidad y al pueblo que representa, al antepoder sus intereses particulares en la extracción petrolera y acompañar al presidente Daniel Noboa a la cumbre minera en Canadá en marzo de 2024.
Como denuncia el dirigente de territorios de la Federación Shuar, Alfredo Nurinkias: “Alfredo Guatemal, de Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, ha impedido la inscripción de la nueva directiva porque existe el interés de negociar los territorios del pueblo Shuar para la explotación minera petrolera. Es sabido del contubernio entre Tankamash y la empresa transnacional minera Solaris.
Este acto, con el que Noboa inaugura su segundo mal gobierno, además de evidenciar el abuso de poder y la utilización de aparatos estatales para intereses privados, expone la estrategia del poder para dividir y cooptar al Movimiento Indígena, misma que ha sido exitosa: de Tankamash hasta Esach, Guatemal y Guamán, Punina, Tiban, etc., etc., etc., y la torpeza de varios asambleístas de PK, son solo evidencia de que la burguesía ya no solo está dispuesta a repartir pequeños espacios de poder, sino a repartir también la renta minera y petrolera.
Lo que termina siendo realmente grave de la situación actual no reside “solamente” –muy entre comillas- en la expansión de la frontera minera, -recordemos que Noboa ya anunció que reabriría el catastro minero-, sino que además se ha logrado fraccionar la organización popular más sólida y orgánica en términos de organización popular a nivel continental, misma que dirigió los dos grandes hitos de lucha popular de nuestro siglo: el Estallido de Octubre de 2019 y el Paro Popular Plurinacional de Junio de 2022.
En este mismo sentido, resulta innegable reconocer el antiextractivismo como un principio de clase, que por supuesto no es compartido por quienes sí tienen intereses económicos particulares muy claros, y que además han demostrado importante influencia entre las bases, o por el contrario desdén absoluto por las mismas, pero buenas alianzas que les permiten abusar de su poder, por más limitado que este aparente ser. Por su parte, ADN tiene invertidos onerosos capitales en al menos 5 posibles candidatos para la presidencia de la CONAIE, que hasta ahora ha sido la mayor piedra en el zapato del poder-realmente-existente, con Leonidas Iza a la cabeza. Lo más probable es que se pierda ese espacio de poder popular ante los intereses mafiosos de las élites y sus lacayos locales.
La ola de persecución no empieza ni acaba con el allanamiento a la sede de la FICSH. El viernes 23 de mayo, se realizó la II Asamblea en Defensa del Terriorio y Contra la Minería Capitalista en Palo Quemado-Cotopaxi. De la lucha anti extractivista que los pueblos de Sigchos sostuvieron contra la alianza corporaciones privadas - Estado, 164 compañerxs se encuentran judicializadxs por terrorismo y delincuencia organizada. Esta acción del Estado, que ha tratado de convertir la resistencia colectiva en Palo Quemado en un caso ejemplar, además de precedente y advertencia, resultó en una intencionada desmovilización de la capacidad organizativa popular.
De forma paralela y bajo la misma lógica, el lunes 26 de mayo se ejecutó el allanamiento a la casa del principal demandante de la Unión de Afectados por Texaco contra la empresa ENAPetrol de Chile por mecheros, ruido y contaminación. Desde la UNAT, se denuncia un allanamiento ilegal -sin orden judicial- por parte de la Policía Nacional, con el supuesto acogimiento “al decreto presidencial, pudiendo ingresar a cualquier espacio sin necesidad de órdenes”, además de la denuncia de que agentes represivos apuntaron con armas a la familia del demandante. En otras palabras, la impunidad ya es norma para los aparatos represivos del Estado, que se han dedicado -y han sido facultados- a ejecutar intimidación, persecución, criminalización y crímenes de Estado a diestra y siniestra los últimos 18 meses.
Recordar además que desde hace años ya, se ha colocado sobre la mesa la intención de eliminar físicamente y atentar en contra la vida de líderes y lideresas populares, en especial en contra de Leonidas Iza -por la relevancia de su figura y dirección-, pero que se hace extensiva a cualquier persona organizada y defensora de la vida, la dignidad y los territorios.
Aquí se incluyen las declaraciones de Boscán diciendo “indio cogido, indio muerto” en el contexto de Junio de 2022, o a Marcos López -delegado de Moreno en la Junta Monetaria-, o a Andrés Pacheco -asambleísta electo de ADN- llamando a ejecutar a Iza. El fascismo se presenta como un acumulado de condiciones materiales y simbólicas que apelan a una regresión conservadora extremada hacia la legitimación de la eliminación del otro, en un contexto de crisis generalizada.
No será fácil el escenario al que nos enfrentamos como izquierdas, seamos revolucionarias, institucionales o autonomistas. Lo que nos queda es reconocer el momento histórico actual, recordar que la posibilidad revolucionaria se construye desde un acumulado de fuerzas y nociones que llevarán, como decía Lenin: “de la huelga económica a la huelga política, y de la huelga política a la insurrección revolucionaria”.
Nos queda en este respecto hacernos dos preguntas fundamentales, si es que a lo que nos enfrentamos es al fracaso del esencialismo estratégico como mecanismo para organizar y aglutinar a la izquierda revolucionaria. ¿En qué espacio se puede construir ahora el Poder Popular Plurinacional? ¿Existe ese espacio o la tarea es formarlo? Estas son discusiones que necesariamente tenemos que empezar a dar, colectivamente y por fuera de la comodidad de nuestros espacios de influencia.
Ponernos a nosotrxs mismxs en una posición humilde, y hacer a toda consciencia el análisis concreto de la situación concreta, identificar cual es la contradicción principal -dentro del mundo de las contradicciones que nos distancian-. En este sentido, la construcción de la unidad de las izquierdas deja de ser un eslogan vaciado de contenido, para convertirse en premisa de supervivencia: o nos unimos o nos comen vivxs. Frente a la contradicción principal de la reconstitución histórica y categórica del fascismo, nuestras contradicciones filosóficas y metodológicas quedan postergadas. Este es el estado de cuestión.
Tenemos o no la madurez para afrontarlo desde el amor a nuestra tierra, nuestros territorios y nuestros pueblos, o estamos más preocupados de parecer revolucionarios que por hacer la revolución, que en estos momentos se limita a la defensa de los derechos liberales ya conquistados en procesos democráticos anteriores, como bien planteaba Marx en La cuestión Judía, 1843.
