La lógica privatizadora se impone en la salud pública

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Lunes 21 de Marzo de 2022

En el segundo año del gobierno de Lasso, nos encontramos frente a un auténtico cambio de paradigma en la administración de lo supuestamente común bajo el Estado burgués. Detrás de una efímera cortina de humo impuesta por los medios hegemónicos, los cuales vinculan el desastroso estado de los sectores públicos -ante todo salud y educación- con la corrupción y el despilfarro, se esconde una lógica privatizadora, cuyo objetivo es provocar justamente un panorama como el actual. Se impone en la opinión pública la falacia de que todo lo que se administra en manos públicas, es ineficiente, redundante e incluso innecesario. Según el discurso, si tan solo la empresa privada se ocupara de los servicios más básicos, mismos que son derechos, entonces todo sería perfecto, desde el derecho materializado hasta la administración del mismo. La problemática central reside en que la lógica privatizadora convierte derechos en privilegios y personas en actores económicos a los que explotar, consumidores de bienes y productos.

En el momento neoliberal, las lógicas de reacumulación primitiva se manifiestan también como el momento histórico en que los medios de producción de bienes y servicios vuelven a acumularse de forma masiva en las manos de la burguesía nacional y transnacional, con el objetivo de potenciar sus fortunas descomunales, mientras quienes tenemos menos, somos cada día más. El último informe de la CEPAL -Panorama Social-, reconoce que al menos 209 millones de personas viven en condiciones de pobreza, y aproximadamente 90 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema. América Latina es la región más desigual del mundo, en la que el 50% de su población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. En los últimos dos años de pandemia y regresión neoliberal, en Latinoamérica se contabiliza un retroceso de 27 años en términos sociales.

La desfinanciación crónica de los sectores estratégicos del Estado se complementa con un auto boicot orquestado por los círculos de poder enquistados en la burocracia del Estado burgués. Políticas públicas descuidadas o directamente direccionadas a ser engorrosas, a retrasar procesos de compra, distribución y acceso a bienes y servicios elementales para el buen funcionamiento de las instituciones, son parte central del problema. Es por ejemplo, responsabilidad de esos círculos de poder, al menos ejecutar el presupuesto asignado a cada institución; sin embargo, los retrasos en la ejecución de presupuestos terminan generando a nivel de la administración financiera del Estado, una justificación de una aparente no necesidad de esos preciados presupuestos. La ineficiencia auto inducida es una estrategia brillante para justificar la privatización de estas instituciones. El Estado burgués considera que la salud del pueblo es dispensable y a la vez, explotable. El claro y profundo estado de emergencia en el que se encuentra la salud en el Ecuador tiene materializaciones grotescas y devastadoras. Todo esto desemboca en un claro beneficio de determinados sectores económicos burgueses, los grandes inversionistas en salud en el Ecuador en torno a la salud privada.

En la lógica privatizadora se enmarca justamente el funesto estado de la salud pública, desfinanciada de forma crónica desde el 2017, profundizándose su crisis autoinducida con la pandemia y desembocando en su radicalización bajo la administración público-privada de Guillermo Lasso. La perfidia gubernamental en destrozar y mutilar derechos, sea por medio de vetos del Ejecutivo o ajustes de presupuesto, confluye con el botín que la burguesía se espera de la privatización de derechos y conquistas históricas de luchas del pueblo y la clase trabajadora. Esta lógica se impone como política de Estado en todos los niveles, dimensiones y sectores que administra la burguesía para su único y solo beneficio.

Durante el Gobierno del Encuentro, la situación precaria de los hospitales públicos y del Seguro Social se ha agudizado dramáticamente. El Estado ecuatoriano mantiene una deuda con el IESS que asciende a USD 8.000 millones, revelando una intencionada y estratégica desfinanciación estructural. Las imágenes de hospitales carentes de medicinas comunes –ni hablar de medicamentos específicos para enfermedades crónicas y raras-, equipos dañados, insumos generales escasos y personal sobrecargado de trabajo por falta de personal de planta, colocan a usuarixs en un lugar de indefensión y permanente angustia. El pueblo y la clase trabajadora no solo tienen que luchar por sostener la vida materialmente en el cotidiano, sino que si caen en enfermedad o accidente, las condiciones de precariedad se extreman dramáticamente. La cultura de la deuda eterna ya no solo se maneja a nivel macroeconómico, sino que cada vez se impone con más fuerza sobre el mundo de la vida, dejando a las personas a la merced de cualquier usurero, sea este un banco o directamente el chulco.

Actualmente, el Gobierno Nacional plantea una posible privatización parcial del sistema de salud pública, queriendo tomar el modelo chileno de convertir fondos de pensiones en fondos privados, sujetos a inversiones especulativas. Adicionalmente, se declaran intenciones de privatizar o “capitalizar” distintos hospitales públicos -como bien mencionaba Alfredo Borrero en campaña-. La propuesta de reforma plantea un aporte voluntario al fondo de pensiones, disminuyendo la corresponsabilidad del Estado, imponiendo la lógica del libre mercado, aupando el individualismo y la maximización de ganancias. ¿Qué porcentaje de la clase trabajadora podrá realmente hacer un aporte mayor a su fondo de pensiones, si la inmensa mayoría de trabajadorxs en relación de dependencia gana el básico -o menos- y sostiene la vida a deuda y situación precaria? El Gobierno Nacional y la burguesía político-empresarial pretenden propiciar un golpe certero contra la salud pública.

Después de relegar la salud a un lugar secundario, la lógica privatizadora se esmera en presentar la “solución” a un problema que ciertamente tilda como estructural para beneficio propio. La privatización se convierte en la única salida que plantea el capitalismo en su momento histórico neoliberal, aupado por los medios hegemónicos, serviles a su causa de clase: la subyugación total e indiscriminada del pueblo al gran capital. Así, una vez más lo público se vuelve privado, repitiendo y perpetuando los ciclos de acumulación capitalista.

Guillermo Lasso ciertamente prometió a su clase sacarle todo el jugo al pueblo, convirtiendo al Ecuador en el paraíso privado de la burguesía. Frente al bloque burgués que prima en el gobierno de la banca, ciertamente nos encontramos ante un cambio de paradigma en el Ecuador en términos estructurales, el cual reconfigurará las relaciones de clase en detrimento todavía mayor del pueblo, cimentando y ampliando simultáneamente los privilegios de la clase explotadora. En este sentido, como pueblo tenemos la urgencia de la organización en torno a la rechazo y superación de todo modelo que atente en contra de la vida misma. Si la lógica privatizadora sobrepone el mercado a la vida, desechemos la privatización como tal y en su conjunto la propiedad privada.

Al analizar la experiencia histórica, queda claro que los intentos de reformar el capitalismo hacia su variante bienestarista, terminan siendo ampliamente insuficientes para resolver las necesidades de los pueblos: en el reformismo, las perversidades de sistema de clases permanecen intactas. Es necesaria una transformación estructural, que tenga como premisa la superación total del sistema capitalista-patriarcal-colonial-especista. Solo a partir de la premisa anticapitalista podemos atrevernos a pensar mundos mejores posibles, necesarios y urgentes. De no ser así, la lógica del libre mercado impondrá su dictado hasta que finalmente la vida sea completamente insostenible. Es evidente que el sistema capitalista nos imposibilita continuar la vida: cambiar de sistema es ahora una cuestión de supervivencia.

 

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