Ley contra la Violencia de Género y ¿ahora qué?

Ley de violencia contra las mujeres

En mayo del 2017 la Corte Constitucional, dando respuesta a la demanda de los movimientos de mujeres, le pidió a la Asamblea Nacional la creación de una Ley específica que sancione los delitos de violencia contra las mujeres, amparados en el artículo 81 de la Constitución, que prevé que existan procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de delitos de violencia intrafamiliar, sexual y crímenes de odio en el plazo de un año. En agosto del mismo año, desde el Ejecutivo se entregó una propuesta de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contras las Mujeres. Ley urgente e imprescindible, debido a las altas cifras de violencia de género y de feminicidios que se registran en el Ecuador. 

Según estadísticas, en 2017 moría una mujer cada 50 horas -alrededor de 151 mujeres anualmente-, además se receptaron más de 130.000 denuncias por casos de violencia de género. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género, del 2011, en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido a lo largo su vida, algún tipo de violencia; de estas el 76% lo ha sido por su ex pareja o pareja. La violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género con el 53,9%. La violencia sexual afectó a 1 de cada 4 mujeres.

Esta ley, junto con las políticas públicas actuales, tiene un nuevo abordaje a la violencia de género, poniendo énfasis en la prevención y la reparación, como ejes fundamentales. La prevención, topa elementos importantes como el enfoque de género en la educación a todos los niveles; hecho polémico desde la óptica de los grupos antiderechos, alineados a diferentes iglesias católicas y cristianas. Además, apunta al cambio en los patrones culturales con campañas de sensibilización a la sociedad en general, del empoderamiento de las mujeres de sus derechos y del enfoque de nuevas masculinidades; esto como novedad en el abordaje de la prevención, ya busca trabajar en la construcción y en la toma de conciencia de que existen masculinidades no hegemónicas, es decir no violentas, horizontales y saludables, basadas en la igualdad, imprescindibles en la lucha contra el patriarcado. Dadas las diferentes formas de ejercicio de la violencia, no existen hombres violentos y hombres no violentos hacia las mujeres como categorías dicotómicas; todos se encuentran constantemente en la disyuntiva entre violencia y no violencia, por la manera en que han sido socializados, dentro de una sociedad patriarcal, por esto, todos son -y deben ser- sujetos posibles de intervención en las estrategias de prevención (Bonino, 2008: 18).  

Históricamente se ha enfocado el trabajo sobre violencia de género en la atención a las víctimas y/o sobrevivientes, darle prioridad a la prevención da cuenta de un giro en el abordaje de la violencia de género, porque apunta a evitar que existan agresores, y por lo tanto mujeres que requieran atención como víctimas y/o sobrevivientes. Sin embargo, resulta ilusorio creer que las relaciones desiguales de poder históricamente desarrolladas para dar soporte y sostén al heteropatriarcado y el capital, pueden abolirse o destruirse con el plumazo de una Ley, un política pública, un decreto, o similares; es menester el trabajo paralelo y conjunto de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, que las leyes y las políticas públicas se correspondan a la realidad social. 

En cuanto a la prevención, es imposible pensar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, mientras existan normas constitucionales y/o leyes que obliguen a las mujeres a ser madres en contra de su voluntad, más aún en el caso de embarazos forzados en adolescentes y en embarazos producto de una violación. Es decir, que mientras no se reforme la Constitución y el COIP, y se nos obligue a las mujeres a continuar embarazos no deseados, a la par que se condena a las mujeres más jóvenes y las más pobres a arriesgar su vida, no se habrá erradicado la violencia sobre las mujeres, sus cuerpos y su autodeterminación.

La reparación integral, también tiene un enfoque importante desde la Ley, entendiendo la integralidad no solo desde el ámbito judicial, sino también como la garantía de que las mujeres se empoderen de sus derechos y alcancen una autonomía económica, fundamental para que se rompan círculos de violencia y se dé continuidad a sus proyectos de vida. Se prevé un fondo específico para créditos productivos a las mujeres víctimas y/o sobrevivientes de violencia de género, como medida reparatoria y afirmativa; lo que se ha cristalizado en acciones como los convenios entre BanEcuador y el Ministerio de Justicia, pero los requisitos, o los procesos sumamente burocráticos, ponen en riesgo el beneficio real para las mujeres; es necesario entender, que no basta con entregarles ese dinero a las mujeres, sino existe, capacitación, procesos de asociatividad, acciones afirmativas en la venta de los productos que ellas emprendan, los créditos no son suficientes.

Si bien existen avances en materia de derechos para las niñas, adolescentes y mujeres; el desafío que tienen tanto las instituciones del gobierno central, como los operadores de justicia, es romper con las trabas burocráticas, los papeleos interminables que revictimizan a las mujeres, y desalientan a denunciar. No podemos olvidar que el Estado se funda sobre relaciones desiguales de poder, y sobre el patriarcado y el machismo; es complejo pensar que desde las instituciones se puede deconstruir y luchar contra aquellas estructuras que han hecho que las mujeres denuncien poco, abandonen los procesos judiciales, o que aún hoy en día, mueran con boletas de auxilio en la mano; es una tarea mucho más grande. 

Esta Ley, nos debe cosas, como el reconocimiento de nuestro derecho a la autodeterminación de nuestros cuerpos, la inclusión de las mujeres diversas, o un presupuesto fijo para su implementación. Audre Lorde decía, no podemos destruir la casa del amo con sus herramientas (1979), no podemos esperar que desde la Asamblea Nacional se erradique por ley, siglos de violencias contra las mujeres, así como esta ley fue producto de la movilización de las organizaciones de mujeres; nosotras, desde los feminismos, desde nuestras diversidades y nuestras trincheras, necesitamos construir y proponer alternativas a las causas estructurales de la violencia, así como aportar incansablemente a la deconstrucción de las relaciones sociales normadas por el heteropatriarcado y el capital, desde lo más íntimo e individual, hasta nuestras relaciones políticas y sociales. 


Bibliografía.

Bonino, L. (2008) Hombres y Violencia de Género. Más allá de los maltratadores y de los factores de riesgo. Madrid. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial del Estado. Febrero 2014.

Ferrajoli, L. (2003), Prólogo de un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad. Madrid: Trotta. Pp: 75-120.

Ley Orgánica de Movilidad Humana. Registro Oficial del Estado. Enero 2017.

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres. Registro Oficial del Estado. Febrero 2018. 

Ortiz-Prado et al (2017). Abortion, an increasing public health concern in Ecuador, a 10 year population-based analysis. Programatic and Observational Research. Pp. 129-135. Disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5516879/.

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