Embarazos forzados en Ecuador

Embarazos forzados

En 1851, por decreto de José María Urbina, entonces presidente del Ecuador, la esclavitud fue abolida, entendiendo la misma como una condición en la que una persona es obligada a realizar trabajos o actividades forzadas. La Constitución del Ecuador en su artículo 66, literal 17, expresa que: “nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”. Pese a las garantías que estipula la Constitución en materia de derechos, a las mujeres se las continúa obligando a cumplir actividades de manera forzada, una suerte de esclavitud propia del sistema patriarcal en pleno siglo XXI; continuar embarazos forzados o no deseados.

Semanas atrás Ernesto Pazmiño, Defensor del Pueblo, presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la que se incluía la despenalización del aborto, bajo la causal de violación. Sin embargo, hasta la fecha la Asamblea Nacional no ha tenido un pronunciamiento claro al respecto y mientras tanto mujeres, niñas y adolescentes, siguen siendo obligadas a sufrir una doble violencia, primero al ser violadas y después el ser obligadas por el Estado a llevar a término embarazos no deseados, gestados de manera violenta e interrumpiendo su derecho a gozar una vida libre de violencia. [1]

Desde el 2014, el COIP establece una pena de uno a tres años para quién realice un aborto, y de seis meses a dos años para la mujer que aborte, lo cual lejos de detener a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, provoca que este proceso se realice de forma insegura e ilegal, provocando complicaciones de salud, muertes y detenciones.[2]

En Ecuador se registran alrededor de 5.300 denuncias por violación al año. Esto es un promedio de 14 denuncias diarias, de las cuales 3 corresponden a niñas menores de 14 años. Sin tener en cuenta que la tasa de denuncia es baja, la penalización del aborto en la causal de violación está obligando a estas mujeres, niñas y adolescentes, a llevar embarazos no deseados.  Entre 2009 y 2016, 17.448 niñas menores de catorce años víctimas de violación parieron en Ecuador. Niñas cuyas únicas tareas deberían ser educarse, jugar, formarse para cumplir sus sueños, niñas que tienen planes y sueños de vida.

¿Qué está haciendo el Estado y la sociedad por estas niñas?

Por donde se mire, existe una incapacidad generalizada para protegerlas; en primer lugar no deberían estar embarazadas, se las está castigando con una pena y un embarazo que ellas no solo no escogieron, sino que no están listas para llevar. Fisiológica y psicológicamente una niña corre más riesgos de complicaciones durante el embarazo y el parto, que pueden poner en riesgo su vida.

Es obligación del Estado, a través de la Asamblea Nacional, dar una respuesta a las mujeres, niñas y adolescentes que no quieren tener que elegir entre la muerte, la cárcel o un embarazo forzado; no es tiempo para que la moral, los  preceptos religiosos o los dogmas dicten las leyes en un Estado que se reconoce laico. Es tiempo de abordar los embarazos no forzados como un problema de salud pública y desde ahí responder como dicta la Constitución, garantizando el derecho a la salud integral de las mujeres, niñas y adolescentes.

 

[1] Artículo 66, Constitución del Ecuador. Artículos 1, 2, 9 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

[2] https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/aborto-inducido-nivel-mundial

 

Categoria