Colombia: la Paz en tiempos de guerra
Más de medio siglo tuvieron que esperar millones de familias colombianas, para poder decir que en Colombia, la paz se había firmado el mes de septiembre del 2016, en Cartagena de Indias, entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo (FARC-EP). Los acuerdos planteaban una solución bilateral a uno de los conflictos armados más prolongados del continente, a pesar de contar con ciertos puntos débiles. Ante la ausencia del Estado, miles de víctimas, ya sea por homicidios, desplazamientos forzados, tomas de territorios, masacres, desapariciones forzadas u otros crímenes, vieron la necesidad de organizarse desde sus propias poblaciones frente a lo que se llamaría el post-conflicto en Colombia.
Para muchxs, la celebre “utopía de la paz” podría convertirse fácilmente en una distopía, tras la explosión de un coche-bomba en la Escuela General de la Policía General Santander, al sur de Bogotá, el pasado 17 de enero. El atentado, que dejó 21 víctimas mortales y más de 68 heridxs, le fue atribuido apenas un día después al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), grupo armado cuya cúpula se encuentra en La Habana, enfocada en la mesa de diálogo inaugurada en el 2016, paralelamente al proceso de paz con las FARC-EP. El ELN, por su parte, confirmó la autoría de los hechos.
Días después del atentado, el Presidente de Colombia, Iván Duque, dictó una orden de captura internacional contra la cúpula del ELN, irrespetando el protocolo de seguridad que dictamina 15 días para el retorno de los miembros del ELN a suelo colombiano, en caso de que la mesa de diálogo quede suspendida. El mando central del ELN en Cuba reconoció el hecho, pero refuto la supuesta implicación de la cúpula de La Habana en los eventos suscitados. Ya que la cláusula de seguridad fue firmada entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN en el 2016, Duque ratifica la inmediata captura de la cúpula del ELN y su extradición a Colombia, alegando que dicho acuerdo, al haber sido firmado durante el gobierno de Santos, no tendría validez en su mandato, arguyendo que se trataría de una decisión netamente del Gobierno en turno, más no del Estado.
La coyuntura sociopolítica por la que atraviesa Colombia desde el posicionamiento de Duque no se diferencia drásticamente de la que tuvo que enfrentar el Gobierno de Santos. Ambas coyunturas tienen, un punto clave en común: el ojo ciego frente a lxs más de 400 lideres y lideresas sociales asesinadxs en el campo colombiano, el oído sordo frente a la injerencia de grupos paramilitares en territorios estratégicos y en comunidades indígenas, y las masacres perpetradas por grupos armados en la pugna por nuevos territorios. Sin tener que mencionar la exclusión socioeconómica y la vulnerabilidad de una gran parte de la población que vive día a día la ausencia de las garantías que debería proporcionar un Estado.
Las palabras “terrorismo” y “violencia” volvieron a tomarse las portadas de miles de medios colombianos y globales, ocasionando una reinserción del discurso y la problemática de la violencia en la opinión pública y política. Duque, como era de esperarse, se decidió por la receta de su mentor, Álvaro Uribe: La violencia se combate con más violencia. Uribe, quien es y será recordado por sus vínculos con grupos paramilitares, con el narcotráfico y los “Falsos Positivos”, aplaude las medidas y el discurso reaccionario de Duque, mientras convoca multitudinarias manifestaciones contra el terrorismo, que al parecer vuelve a ser su nuevo mayor compromiso. Uribe que organizó y promovió la campaña por el “NO” en el plebiscito por la paz, mientras el “SI” ganaba en los Departamentos más afectados por la guerra. Ante esto, miles de colombianxs, e incluso la misma cúpula del ELN insistieron en el diálogo, con el fin de no repetir una herida que continúa abierta en la memoria colectiva de Colombia.
Sin duda, el atentado del ELN constituye un vil acto de violencia que puede tener repercusiones fatales en torno a la negociación de la paz en Colombia. Pero la necesidad de un dialogo de carácter bilateral, con acuerdos que sean respetados y garantizados, así como un Estado capaz y dispuesto a cumplir lo pactado en los tentativos acuerdos, es de suma relevancia.
Algo digno de rescatar es el accionar de líderes y lideresas sociales a lo largo y ancho del país, al igual que los procesos de organización por parte de las víctimas para hacerse visibles ante un Estado que lxs invisibiliza. Mediante la memoria, la organización comunitaria, social y los procesos de resiliencia, demostraron que la violencia no es simplemente la ausencia de las armas, sino que la violencia también es estructural. Esa paz desde abajo, la que se construye día a día con resistencia, tiene que ser considerada como el verdadero proceso de paz en Colombia, sin dejar de lado las obligaciones del Estado por conservarla y promoverla.
