La burguesía conjura al narco-Estado (I)

snai
Martes 10 de Mayo de 2022

Los mecanismos de imposición de la violencia sistémica se agudizan en el Ecuador. Las masacres carcelarias, el sicariato, la extorsión y la violencia generalizada en el espacio público son parte de la realidad diaria del territorio, sucumbiendo a los abismos más descarriados de la radicalización del modelo neoliberal. Al menos 380 personas han sido asesinadas en los últimos 15 meses en las cárceles. La masacre más reciente se suscitó el 9 de mayo, con 44 asesinados en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo. El momento histórico neoliberal facilita y permite la implantación del narco-Estado como poder fáctico, en consonancia con la demanda global del libre mercado y en colaboración con la burguesía local.

Los países-territorios se ven vulnerables a los aparatos del crimen organizado, traficantes de drogas, mujeres, órganos, armas y demás ilícitos, en medida de la profundidad que haya alcanzado el capitalismo. La regresión neoliberal se presenta como el escenario perfecto para ensayar la realidad del libre mercado, siendo el narco y la cocaína -como mercancía-, los mejores ejemplos de cómo realmente funciona el libre mercado en el mundo capitalista. El Ecuador está atravesando por un momento de regresión neoliberal, que tiene como característica principal la extremación de los mecanismos de marginación, exclusión y exterminio del capitalismo perverso. En el momento histórico actual, donde un nuevo ciclo de reacumulación capitalista imprime sobre el pueblo y la clase trabajadora niveles extremos de explotación-cosificación-opresión, y la re-concentración de la riqueza llega a tal nivel, que podemos hablar de un proceso de re-feudalización, la organización criminal se convierte en un actor clave y característico del neoliberalismo.

El neoliberalismo como modelo genera una inoperancia auto-inducida, que no solo se expresa dentro del mal funcionamiento de las instituciones estatales como en el sector salud, educación y otros, sino también en la supuesta inoperancia que existe al momento de ejercer control territorial. Los crímenes de la organización criminal ligada al narco, demuestran complicidad y temor de las autoridades estatales, ya que son capaces no solo de continuar con su actividad ilícita, sino que además están en la capacidad de exhibir con total impunidad, que en efecto tienen presencia territorial a lo largo y ancho del país-territorio, e inclusive dentro de las propias instituciones de “control”. Las masacres carcelarias se han convertido en un mecanismo comunicacional del crimen organizado, con las que demuestran control del territorio, por medio de la espectacularización del sadismo. Las masacres carcelarias se convierten en una ostentación de poder, que además tiene lazos y lealtades dentro del mismo aparato estatal.

Los cuerpos vulnerables de las PPL se convierten en lienzo del mensaje que la organización criminal está dando a toda la sociedad, y al Estado, como aparato de clase con legitimidad y monopolio del uso de la violencia. El mensaje evidencia control territorial y complicidad de las autoridades en la posibilidad de ejecutar el crimen y gozar de impunidad; pero también podría evidenciar una interlocusión de otro tipo entre organismos paraestatales y estatales: la justificación de políticas securitistas, militarización y un permanente estado de excepción. La situación generalizada de inseguridad, margina al pueblo y la clase trabajadora a espacios privados-domésticos, e impone como sentido común el miedo hacia los espacios públicos, destruyendo la capacidad de empatía en los sujetos, destruyendo el tejido social y facilitando el control de la organización popular anticapitalista. La respuesta de grandes porciones de la sociedad, casi complacida por las masacres carcelarias, es una evidencia de la profundidad de las divisiones internas dentro de la clase trabajadora, que solo pueden tener como consecuencia, la imposibilidad de organización. Es decir, la pedagogía de la crueldad, como plantea Rita Segato, se convierte en un mecanismo necesario para el control en el momento neoliberal.

En menos de un año de gobierno, el Ecuador de Lasso se está pareciendo cada vez más a la Inglaterra de Margaret Thatcher, una distopía del pasado en el cual primaba el libre mercado y la decadencia social decantaba en escenarios cada vez más radicalmente violentos, sugiriendo una fractura social promovida por la alienación y el individualismo absoluto. Tal parece que la época de la ultra violencia inaugurada por Thatcher y Reagan en los años 70s se desató también en el Ecuador neoliberal, con sus particularidades históricas y geográficas. Cada masacre o asesinato que se espectaculariza demuestra que el gobierno del banquero Lasso inauguró el narco-Estado en el Ecuador.

Esta alianza paraestatal en la que muy probablemente se encuentra inmiscuida la burguesía, instrumentaliza las masacres como una clara estrategia política, para beneficiarse con la legitimación de su futuro proyecto de un Plan Ecuador. La recurrencia de los asesinatos en masa en centros de privación de libertad se confabula con el metarelato de la securitización, en colaboración con el imperialismo yanqui y las tácticas extremas de represión del sionismo israelí.

Los países-territorios que tienen un narco-gobierno y progresivamente de un narco-Estado, utilizan esta alianza perversa como mecanismo de contrainsurgencia, inclusive porque los agentes estatales tienden a manejarse en posiciones paraestatales con mayor facilidad, con ejecuciones extrajudiciales y políticas de gatillo fácil mas recurrentes, y una vez más, garantizadas por la impunidad que reina en el nuevo ciclo de reacumulación capitalista, ahora impregnado por el crimen organizado. No es coincidencia que en Colombia, México y Guatemala se hayan impuesto narco-Estados como instrumentos de control social paraestatal. Los crímenes cometidos tanto por los Estados como por la organización criminal, son crímenes de lesa humanidad y de carácter genocida.

La actual visita oficial del presidente Lasso a Israel para expandir la cooperación en materia de seguridad, no resulta ser una coincidencia con la masacre en Santo Domingo. Lasso ha declarado su interés por importar el régimen de violaciones sistemáticas a DD.HH. por medio de mecanismos represivos y contrainsurgentes que han sido probados durante décadas en el pueblo palestino, para blindarse frente al pueblo y provocar futuras masacres, esta vez ya no únicamente en las cárceles, sino también en calles y plazas, al estilo de Chile, Colombia, México o Palestina. La implantación del narco-Estado siempre se presenta como mecanismo de contención de un escenario de agudización extrema de los antagonismos de clase, que se instrumentaliza como momento contrarrevolucionario.

Las cárceles no son el único escenario en el que la crueldad ejercida por las organizaciones criminales, vinculadas al tráfico ilícito de varias mercancías, toman forma. Las decapitaciones y cuerpos colgados en puentes también son actos que se colocan en la escena pública, y emiten un mensaje específico: la presencia de otras formas paraestatales de control territorial. El narco-Estado representa la lógica de funcionamiento paralelo entre el Estado oficial y el segundo Estado, en la que la acumulación del capital es el único sagrado posible. “El crimen y la acumulación de capital por medios ilegales dejó de ser excepcional para transformarse en estructural y estructurante de la política y la economía” (Rita Segato, 2016). El colaboracionismo entre ambos -primer y segundo Estado- se evidencia en la justificación que goza el primero para profundizar mecanismos de explotación con la excusa de la securitización, que incluye la inyección de fondos casi desmedida a sus aparatos represivos y la asistencia imperialista en inteligencia; y en la impunidad de la que goza el segundo, que no solo le permite acumular desmedidamente, sino que le permite también crueldad impune.

En este contexto, el anuncio oficialista de una inversión equivalente a USD 1.200 millones hasta el 2025 en Policía Nacional y Fuerzas Armadas y el aumento de 30.000 policías adicionales, parece echarle más leña al fuego, para contribuir a radicalizar y desfasar las condiciones actuales de violencia, tanto desde el Estado, como desde las instituciones paraestatales. Adicionalmente, el imperialismo promete recompensar la obediencia a la condicionalidad crediticia y el ser incluido en abrir un supuesto frente en contra del narcotráfico en el Ecuador. Estas semanas se concretaron entrenamientos de la Policía Nacional en Virginia, EE.UU., en técnicas de incursión en motines de prisiones, además de los convenios que Lasso firmará durante su actual visita a Israel en cooperación militar y policial, para “atender” la inseguridad.

A la clase burguesa le conviene la radicalización de la violencia, porque legitima la aprobación del gatillo fácil para la policía y la militarización generalizada de la sociedad. La industria militar, además de la de la seguridad, se encuentran entre los negocios más lucrativos del capitalismo neoliberal.  El narco-Estado es, en términos estratégicos, la imposición de violencia por parte de la clase capitalista como máximo mecanismo de sostener el sistema, combatir la organización popular y asegurar la producción y flujo continuo del narcotráfico. El narco-Estado se ejerce desde la necropolítica, mecanismo de implementación de la política por medio de la muerte y la violencia más burda y directa.

En el caso del Ecuador, las masacres carcelarias perpetradas sobre los cuerpos de las PPL, necesariamente denotan la dualidad del control territorial, no solo porque esas vidas están en custodia del Estado, sino porque es inimaginable su existencia de no ser por la amplia complicidad entre la organización criminal y el Estado burgués. La burguesía local y transnacional tiene amplios vínculos con el narcotráfico, lo lícito y lo ilícito se desdibujan en la acumulación capitalista, el anonimato del offshore, el lavado de dinero, e inclusive el tráfico de influencias, terminan siendo parte del juego del poder. Con el gobierno de Lasso, el Ecuador ha logrado pasar el umbral ficticio de la paz, para unirse a la tendencia regional de los narco-Estados criminales. 

 

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