Frente a la política pública del despojo y la destrucción, los pueblos estamos en resistencia

Hablamos con Luis Corral del escenario político financiero en el que se presentan estas leyes, y la importancia de accionar contra la Ley de Áreas protegidas. Luis Corral es economista y portavoz del Frente Nacional Antiminero, organización de larga data y lucha, misma que agrupa a decenas de frentes de defensa del agua y el territorio comunitarios y territoriales, compuestos por pueblos y nacionalidades, como también de campasinxs de las tres regiones del territorio continental ecuatoriano.

El Frente Nacional Antiminero aglutina a defensores de territorio y del agua a nivel nacional, siendo el primer actor de la organización popular, junto a la CONAIE, en representar a las diversas luchas antimineras y antiextractivas en el Ecuador.

Frente a un panorama extremadamente hostil con el avance del extractivismo y su núcleo depredador como lógica de Estado del “Nuevo” Ecuador, el FNA como la inmensa mayoría de las organizaciones populares con conciencia de clase, se encuentra amenazado por oponerse firmemente al despojo capitalista que se traduce a una explosión del extractivismo minero, en el cual la clase parasitaria en el poder tiene intereses directos.

Ahora que la Corte Constitucional le ha puesto un pare al autoritarismo de la Banana Republic, suspendiendo parcialmente la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública por atentar directamente en contra de los derechos constitucionales, se vuelve un deber histórico la defensa colectivo de la independencia de la Corte Constitucional, último reducto institucional en tiempos de un autoritarismo extremado por una clase empresarial que piensa en sus bolsillos por sobre la vida de las clases populares.

Es momento de defender tanto a los defensores del territorio, como a los últimos estandartes de la democracia liberal, comprendiendo que su inexistencia sería un nuevo acercamiento a un régimen dictatorial.

RC: ¿En qué escenario se aprueba la Ley de Áreas protegidas?

LC: Bueno, en el marco de un proceso secuencial de aprobación de una serie de leyes, que aprovechando de esta mayoría, el Gobierno Nacional pretende imponer a la fuerza, es decir, por encima de la Constitución, una normativa que atropella los derechos de quienes estamos en un proceso de lucha, ejerciendo nuestro derecho a la resistencia.

Esta la ley de Solidaridad, la Ley de Inteligencia, la de Integridad Pública, que han sido objeto de impugnación por el hecho de que podríamos ser objetos de allanamientos sin permiso judicial, perdida de la libertad sin el debido proceso, de intervenciones en nuestras llamadas. Estas leyes nos vuelven objetos de persecución del gobierno, porque estamos en una franca oposición a su política pública. 

Es un contexto más complejo porque además está inscrito dentro de una disputa geopolítica compleja donde los EE.UU, está queriendo controlar al país en términos políticos, estratégicos, recursos, militarización, ingreso de mercenarios, bases militares, etcétera. Entonces estamos en un contexto en donde efectivamente nuestras propias vidas están en riesgo en el marco de la protección de nuestros recursos estratégicos como el agua, la biodiversidad, áreas protegidas, y que efectivamente estamos en un momento delicado en donde las élites de este país están queriendo imponer a la fuerza una política pública en beneficio de sí mismas; y como en cadena de transmisión, colocan a los capitales transnacionales en el control de nuestros recursos estrategicos no renovables, como ahora de nuestros recursos estratégicos de biodiversidad y de zonas de protección, que son proveedoras de servicios ambientales.

Estamos en un grave problema porque, como hemos dicho desde el Frente Nacional Antiminero, estamos viviendo una suerte de dictadura minera imperialista, que se expande permanentemente.

RC: ¿Cómo la ley estructura a la política pública para favorecer al imperialismo extractivo?

LC: La Ley de Áreas Protegidas debió ser parte de un proceso de consulta libre, previa e informada. No se llevó a cabo ese proceso entonces desde la propia formulación y aprobación vemos el irrespeto a la Constitución y una forma de autoritarismo desde el Estado. A través de la Asamblea Nacional como acólita, quiere imponer so pretexto de esta mayoría que finalmente es espuria, porque varios asambleístas han dado la espalda a los principios de sus organizaciones y han violado los propios derechos de pueblos y nacionalidades. Entonces es una mayoría espuria.

Por otro lado la Ley de Áreas Protegidas tiene dos elementos de contenido fundamentales. Por un lado la posibilidad de entregar en concesión los servicios de áreas protegidas, como escénicos, de turismo, de agua y de todo tipo. ¿Quién va a poder acceder a esos servicios? Precisamente las élites nacionales como correas de transmisión de las élites transnacionales que están vinculadas con estos servicios de turismo, servicios ambientales para mercantilizar esos servicios, siendo obviamente una fórmula de privatización.

Por otro lado está el componente militarización. Se ha convertido entonces esta ley, en una garantía para que esos negocios -principalmente- sean protegidos por el Estado, por el monopolios estatal de la fuerza. Vemos esto con preocupación porque son áreas protegidas que están colindando con pueblos y nacionalidades, con campesinos, que tradicionalmente han tenido una relación compleja con el Estado. Ahora estamos en una situación mucho más grave.

RC: Hay un panorama generalizado de criminalización y amenaza a territorios y comunidades. ¿Cómo se podría colectivizar las luchas, en este momento que es tan urgente mostrar una posición unitaria desde las organizaciones de la sociedad civil?

LC: Bueno, es complejo. El Frente Nacional Antiminero es una coalición de luchas, es la forma que hemos encontrado para fortalecer la resistencia frente a un proyecto de despojo en curso. La organización alrededor de la defensa de los bienes comunes. 

Esta política pública no solo está afectando a campesinos aislados, a pueblos y nacionalidades, sino también al suministro de pequeñas y grandes ciudades. Esta coalición, que es una estrategia por los bienes comunes, implica que hagamos alianzas entre las estructuras por ejemplo de la CONAIE, que son estructuras organizadas y tienen varios niveles de organización jerárquicas que vienen desde la comunidad de base, pasando por las asociaciones y federaciones hasta llegar a las confederaciones regionales y a la nacional; sino también llegar a las comunidades que no tienen esas estructuras organizativas, pero que localmente son poderosas como las juntas de aguas, las comunas indígenas y mestizas que no son parte de la CONAIE, y los sectores urbanos populares que también están levantando su tesis de resistencia.

En este marco, la principal estrategia es la posibilidad de conseguir estas coaliciones de lucha que nos permitan no solamente enfrentar la lógica del capital y del fascismo, enfrentar al autoritarismo, decir NO a un conjunto de políticas que nos afectan, sino también afirmativamente sostener nuestra memoria, sostener la soberanía alimentaria, sostener nuestros territorios, sostener el agua y la biodiversidad, sostener otra forma de vida para el país. No puede ser que después de 200 años de república sigamos atados a una lógica rentista que efectivamente ha favorecido a unas élites -pero insisto en esta tesis- como correa de transmisión de las élites y capitales mundiales a escala global que cada vez están más concentradas y cada vez despliegan su violencia sin ningún tipo de cortapisa.

Debemos además enfrentarnos a mecanismos de división y despojo. La forma a través de la cual estos capitales nacionales y multinacionales han debilitado a las organizaciones territoriales, tanto de la CONAIE como de las comunidades campesinas que no tienen esas estructuras, es a través  de la sustitución del Estado entregando pequeñas dádivas. En el marco del congreso de la CONAIE, llegó el Presidente de la República a Macas a entregar 9.000 hectáreas de terrenos en títulos de propiedad a comunidades en el Cutucú, que está concesionario a una empresa que se llama EcuaSolidus que es una empresa canadiense especuladora de títulos mineros: compran barato, pagan una patente de conservación del título minero, y luego a través de procesos de división de las comunidades, con dádivas de cualquier tipo, entran en los territorios, pueden hacer perforaciones y empiezan el proceso de capitalización de nuestros recursos en las bolsas de valores.

Nuestros derechos sobre el subsuelo, como los minerales y el petróleo, pasan a ser una mercancía más que puede transferirse a terceros, que como empresas hacen pingues ganancias con este mecanismo de despojo. Cuando han logrado ya desarrollar el proyecto de factibilidad económica de la mina, se convierte en una actividad expansiva, y se despliega una actividad que para extraer los granos de cobre, oro, plata tiene que bajarse toda una montaña.

Si tienen las expectativas de ganas mil millones de dólares, tener uno o dos o diez, veinte y hasta treinta millones de dólares para comprar consciencias a todo nivel de la estructura del Estado, lo van a hacer. Entonces el gobierno entrega títulos de propiedad en áreas ya concesionadas, genera un mecanismo muy sofisticado para lograr fraccionar la unidad de las comunidades y organizaciones. El proyecto de un Ecuador potencia minera sigue su curso de manera subterránea.

RC: ¿Por qué es importante que se impugne la Ley de Áreas Protegidas?

LC: Como ustedes sabrán, estamos en un momento difícil porque se ha anunciado la reapertura del catastro minero, entonces el subsuelo va a seguir siento concesionado. Ahora resulta que el 20% del territorio nacional -las áreas protegidas- donde están las joyas de la corona de biodiversidad del país, es decir de diversidad genética, de especies, ecosistémica pasaría a ser privatizada. Ya no solamente es el subsuelo el que está siendo privatizado, sino también el suelo y nuestra extraordinaria biodiversidad.

Frente a esta agenda, estamos los pueblos en resistencia, estamos los pueblos diciendo que este modelo nos va a generar graves problemas, ya nos está generando grandes problemas, está desplegándose una violencia estatal antes no vista en el país. Es una violencia que de alguna manera ha ido creciendo como una espiral desde hace 20 años y sigue creciendo, no es algo que se ha roto en algún período gubernamental, no: los mecanismos de violencia y de despojo se han vuelto más sofisticados desde la vuelta a la democracia en los años 80s, y estamos en un momento crítico porque ahora quieren arrasar con todo. Es el modelo fascista, como ya bien lo dicen, que tiene esta expresión aquí con Daniel Noboa, que no ha tenido empacho en aliarse con el señor Netanyahu, que no ha tenido ningún empacho en tener ese tipo de alianzas con ese fascismo global. Entonces aquí en el país se expresa con un elemento crucial, porque son así de descaradas estas élites: Daniel Noboa, a través del Grupo Nobis ha pasado a controlar más del 10% el catastro minero actual, son más de 170.000 hectáreas, indirectamente claro, a través de estas figuras de empresas transnacionales en donde el Grupo Nobis tiene el capital accionario y el control administrativo de las empresas. 

Es gravísimo lo que sucede, porque se establece una economía de rapiña de una manera descomunal. Entonces frente a ello estamos en resistencia. Le estamos diciendo al país que este modelo nos traerá despojo y destrucción de nuestros bienes comunes, y que hay una red nacional que está defendiendo esos bienes comunes desde hace treinta años, pero que ahora tiene mucha más importancia y relevancia su lucha, porque en su seno está inscrita una forma de pensar el país, el modelo económico del país, sobre la base de otras claves, para la permanencia justa, equitativa y que reconozcan el papel fundamental que han tenido los campesinos y los indígenas en un proceso de co-evolución con la naturaleza. Porque son ellos los depositarios de esa enorme agro-biodiversidad que tiene el país, que es su recurso más estratégico.