Desafíos y desavenencias del taxismo formal

TAXIS
Lunes 14 de Enero de 2019

El problema del transporte privado en el país, no solo radica en el funcionamiento de las aplicaciones móviles de empresas extranjeras, sino en la administración y preparación ocasionalmente inadecuadas de los gremios taxistas, la falta de control de los municipios en la seguridad ciudadana y en la circulación del taxismo.

A esto se suman el limitado reconocimiento de derechos de los trabajadores y las trabajadoras y las tasas de desempleo a causa de la crisis económica. Tal situación ha provocado que muchas familias se vean afectadas y ha dado pie a que los grandes medios de comunicación invisibilicen el problema y lo muestren como una cuestión de opiniones divididas ante los servicios que ofrecen, desviando la atención de la verdadera causa: la falta de control.

En el transcurso del año, en varias provincias del Ecuador, los problemas asociados al servicio del transporte privado han desatado una ola de opiniones provenientes del pueblo y de los medios de comunicación, tanto positivas como negativas, pero con escaso conocimiento del tema; por eso hay que entender que el servicio de transporte privado, genera una tasa de empleo dentro de la economía ecuatoriana, y que se encuentra fragmentado en: taxismo legal e ilegal, servicios puerta a puerta y aplicaciones móviles. No obstante, la inversión y la operación de este servicio no se ha disminuido, porque contrarresta el desempleo a nivel nacional, a pesar de las condiciones deplorables de jornada laboral que oscilan entre las 8 y 16 horas diarias.

Uber y Cabify, se describen como “plataformas digitales que realizan viajes para evitar la búsqueda de transportes de forma física, y brindar un servicio más barato y cómodo”.

Con la llegada de aplicaciones móviles de transporte, el gremio taxista se ha visto perjudicado, por su forma de operar y por la diferencia de precios en relación al taxímetro, lo que crea un efecto de demanda mayor y, a su vez, reduce el trabajo del gremio taxista debido a la competencia, sin embargo, para disminuir el costo de este servicio, existen divisiones monetarias y reglamentos impuestos por la aplicación que afectan a los socios conductores, incluso más a quienes  no cuentan con vehículo propio, lo que hace que estas divisiones establezcan  remuneraciones precarias para los choferes o colaboradores, lo que es permitido, ya que no existe dominio sobre la compra de vehículos para su uso en las aplicaciones móviles de transporte, que en ocasiones funciona a través de la  mano de obra barata (colaboradores o socios conductores).

Otro problema consiste en la legalidad e ilegalidad del taxismo, pues el cumplimiento de los permisos de operación,  que otros servicios de transporte privado no pueden tener al día por la falta de asignación de cupos y trámites legales que en ocasiones no logran efectuar, provoca un colapso dentro de las autoridades reguladoras de este proceso, como sucede con la Alcaldía de Quito, que  ha suspendido los trámites correspondientes durante varios periodos, ocasionando que los futuros socios opten por la modificación física del vehículo para convertirlo en taxi amarillo, esto se refiere a quienes iniciaron los trámites de regularización, más no de quienes deciden usar un vehículo imitando ser taxis amarillos para realizar hecho delictivos, de los cuales, son acusados los taxis amarillos legales.

Ahora bien, el gremio taxista ha expresado su descontento ante el gobierno central y diversas alcaldías, por las aplicaciones móviles de empresas transnacionales y la ilegalidad de taxis amarillos, con la petición de la salida de las mismas del país, pues no cumplen con los filtros reguladores de servicio de transporte y los pagos hacía las entidades públicas, lo cual desde el punto de vista del gremio taxista es una injusticia y genera competencia desleal.

En sus manifestaciones también reclaman la ilegalidad de circulación vehicular, ya que consideran que la inseguridad radica en la inexistencia de controles de circulación y de protección, lo que trae como consecuencia daño a hacía la imagen y servicio del gremio taxista.

Es pertinente, entonces, que las autoridades respectivas actúen y solidifiquen las leyes respecto al servicio de transporte y del trabajador en general. El Estado y los municipios deben hacer frente a los problemas que se viven en la actualidad dentro de los servicios de transporte privado, ya que en los últimos años no han dado soluciones adecuadas y permanentes ante la problemática, efecto de la mala legislación y administración inestable del gobierno y alcaldías, que van de la mano con una crisis económica que contribuye al desempleo. Una posible solución  implicaría crear leyes estrictas y verídicas con su cumplimiento en la cotidianidad laboral, además de crear un vínculo entre  los diferentes tipos del servicio de transporte privado, enfocado en  la reconstrucción y avance tecnológico del mismo, incluyendo capacitaciones de crecimiento laboral y de servicio al cliente, con la finalidad de adjudicar los derechos autónomos y dependientes del Estado, para que los trabajadores puedan brindar un servicio de calidad, seguridad y eficiencia para  para sus usuarios.

 

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